Además, la PNL aprobada incluía también reclamar al Ejecutivo central que tenga en cuenta a las entidades sociales en la redacción del Reglamento de la Ley de subvenciones que está redactando en el ámbito estatal.

Todos los grupos políticos firmaron con EAPN-Illes Balears un Pacto para la inclusión social, un acuerdo donde se reconocía el papel destacado de estas entidades y se recogía la necesidad de impulsar medidas para mejorar la situación de éstas.

Por ello, se creó una comisión de seguimiento que supervisaba este pacto y ésta acordó que uno de los temas más importantes a abordar era el de las subvenciones y contratos por parte de las administraciones públicas.