Dos exdirectivos de NCG deberán devolver 10 millones de euros que cobraron en finiquitos

  • Pego y Gorriarán deberán indemnizar a la sucesora de Novacaixagalicia, Abanca.
  • Los condenados han sido declarados culpables de un delito de administración desleal.
  • Se adjudicaron indemnizaciones millonarias.
Julio Fernández Gayoso, expresidente de Novacaixagalicia.
Julio Fernández Gayoso, expresidente de Novacaixagalicia.
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Julio Fernández Gayoso, expresidente de Novacaixagalicia.

Los exdirectivos de Novacaixagalicia (NCG) José Luis Pego Alonso y Gregorio Gorriarán Laza deberán indemnizar con 10,4 millones de euros a la sucesora legal de la entidad gallega, Abanca, en concepto de responsabilidad civil por el cobro indebido de sus prejubilaciones.

Así lo ha acordado este miércoles la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que además ha establecido que Pego y Gorriarán tendrán que indemnizar a Abanca como responsables civiles directos con 6,4 y 3,9 millones de euros, respectivamente, y no al FROB como acordaba la primera sentencia, según informa ABC.

Por su parte, La Voz de Galicia informa que la Audiencia deja en cambio exento de pagar a Óscar Rodríguez Estrada, también condenado, y que responderá solo como responsable civil subsidiario. Es la misma figura que rige para Julio Fernández Gayoso, expresidente; y el abogado Ricardo Pradas.

En el auto, el tribunal justifica la imposición de tales penas, que modifican a las impuestas en primera instancia, porque con el cálculo anterior no se garantizaba "la mayor reparación del daño patrimonial a la entidad perjudicada".

Indemnizaciones millonarias

Asimismo, declara nulas las pólizas individuales de aseguramiento, incluidas en los contratos de alta dirección de 2010, al considerar demostrado que los condenados incurrieron en una "estrategia" para mover "las voluntades de los órganos de gobierno" a fin de aprobar estos acuerdos.

Los antiguos directivos de la caja gallega deberán hacer frente a tales pagos después de ser declarados culpables de un delito de administración desleal por autoadjudicarse indemnizaciones millonarias ante la previsión de que la entidad iba a prescindir de sus servicios de forma inminente.

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