El consejo de ministros ha aprobado este viernes presentar al Tribunal Constitucional (TC) un nuevo incidente de ejecución de sentencia contra la aprobación por parte del Parlament de las resoluciones del 'referéndum o referéndum' en el último debate de política general.

Según ha explicado la vicepresidenta del gobierno español en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, el ejecutivo español pide al TC que declare nulas las resoluciones 1, 4, 5 y 6 del debate, e invoca el artículo 161.2 de la Constitución para que queden automáticamente suspendidas de manera cautelar.

También reclama a los magistrados que trasladen el caso a la Fiscalía para que esta actúe por la vía penal contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, así como contra "cualquier otra persona" que participara en la aprobación el pasado 6 de octubre de las propuestas de resolución.

Además, el ejecutivo reclama al TC que "requiera personalmente" a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, así como al resto de miembros de la Mesa, al secretario general del Parlament y al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a sus miembros de gobierno, que no impulsen ninguna iniciativa para dar cumplimiento a las iniciativas impugnadas.

Según Sáenz de Santamaría, las resoluciones del "referéndum o referéndum" son una reiteración del incumplimiento de las decisiones del TC por parte del Parlament de Cataluña.

El ejecutivo español sostiene que el Parlament ha "vulnerado" nuevamente la resolución del Tribunal Constitucional del 2 de diciembre del 2015 que declaró inconstitucional la resolución del 9-N, y destaca también que los propios magistrados habían advertido a la presidenta del Parlament y los miembros de Mesa que no podían desplegar ninguna iniciativa encaminada a hacer realidad el proceso soberanista.

El recurso del Estado, sin embargo, exonera a los grupos parlamentarios que no participaron en la votación de las resoluciones del 'referéndum o referéndum', es decir, C's, PPC y PSC.