Le diagnosticaron una contractura y falleció porque tenía un infarto

El Salud deberá indemnizar con 140.000 euros a la familia de un hombre de 43 años, tras la condena del Tribunal Superior.
El Salud deberá indemnizar con 140.000 euros a los familiares de un hombre de 43 años, de Binéfar, que falleció en el Hospital San Jorge de Huesca, tras haber sufrido un infarto, cuando los facultativos le habían diagnosticado una contracción muscular. Así lo indica una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón del pasado 24 de septiembre.

El fallecido, José S. A., perdió la vida a finales de 2003, después de haber pasado por varios hospitales de la Comunidad sin obtener un diagnóstico a tiempo, según asegura Ricardo Agoiz, el abogado en Aragón de la Asociación El Defensor del Paciente, que ha llevado el caso.

José S. A. comenzó a encontrarse mal y acudió a urgencias del centro de salud de Binéfar. Ante la posibilidad de que se tratase de un infarto, dados sus síntomas y los antecedentes familiares, lo derivaron al hospital de Barbastro. Allí le diagnosticaron una contractura muscular y lo mandaron a su casa con un calmante.

A los pocos días, el enfermo se desplomó en su casa y fue trasladado al hospital de Barbastro, donde se le diagnosticó un infarto y se le remitió al hospital San Jorge de Huesca, donde murió cuatro horas después.

Piden responsabilidades

Los familiares consideraron que José S. A. podría haberse salvado si se he hubiese practicado una desobstrucción coronaria mediante trombolisis, como se acostumbra a hacer en casos similares.

Por este motivo presentaron una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Salud. Ésta, al ser desestimada en 2004, se transformó en una demanda contencioso-administrativa. El Tribunal Superior de Justicia ha terminado dando la razón a la familia del fallecido y obligado a la DGA a pagarle 140.000 euros (120.000 + 20.000 de intereses). «Los familiares están satisfechos de que la justicia les haya dado la razón», asegura Agoiz.

Nueve casos ganados este año

Desde la Asociación El Defensor del Paciente se han ganado en lo que va de año nueve casos de infracciones sanitarias, por las que el Sistema Aragonés de Salud deberá pagar 471.000 euros, según los datos del propio abogado de la asociación, Ricardo Agoiz. Además, están pendientes de resolución dos juicios más cuya indemnización podría ascender a 350.000 euros. En 2006, la asociación inició 38 reclamaciones de responsabilidad patrimonial ante el Gobierno de Aragón y en 2007 ya se han incoado 44 procesos.

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