En rueda de prensa, Ferrando ha dado a conocer una batería de solicitudes de comparecencias para Pérez y el director general de Planificación y Formación Profesional (FP), Ricardo Almalé, en un contexto de "frentes legales" abiertos. Ha afirmado que la mayoría de las iniciativas emprendidas por Pérez están judicializadas, han sido paralizadas, las ha puesto en duda el Consejo Consultivo de Aragón o han sido motivo de queja ante el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente.

Aunque el Departamento está "tratando de transmitir una imagen de normalidad" de cara al próximo curso académico 2016-2017 y "tranquilizar a miles de familias aragonesas inquietas", los responsables de Educación están contando "una historia parcial, sesgada e incompleta de lo que verdaderamente está ocurriendo", ha considerado María José Ferrando.

Ha dicho que los currículos de Primaria, Secundaria y Bachillerato, así como las jornadas escolares y las infraestructuras educativas "en este momento están en el aire", aunque los colegios abren sus puertas la semana próxima.

Ferrando ha cuestionado si las familias merecen una planificación escolar "basada en el nulo respeto a la legalidad", alertando de la situación de "desamparo e indefensión" y ha pedido a Mayte Pérez que sea "sincera y transparente" porque "es una exigencia ética y su obligación como consejera".

ACTUACIONES RECURRIDAS

La diputada del PP ha comentado que si en 2015 el Justicia recibió 235 quejas en materia educativa, en lo que va de 2016 ha llegado a casi 1.000, lo que, según la consejera se debe a las innovaciones introducidas, ha glosado Ferrando, que se ha preguntado "qué clase de innovaciones son aquellas que suponen un rechazo tan amplio por parte de la comunidad educativa".

La

portavoz de Educación del PP ha recordado que el Consejo Consultivo de Aragón declaró nulas las órdenes de modificación de los currículos de Secundaria y Bachillerato y que el Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso del PSOE y otros partidos contra la Ley de Lenguas.

Asimismo, ha indicado que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha suspendido, cautelarmente, la Orden de la consejera que eliminaba las horas de Religión en Bachillerato y ha desautorizado, en 2015, la decisión -inicial- de la consejera de denegar la apertura del Colegio Internacional Ánfora, obligándola a autorizar su apertura y mantener el número de plazas.

Ha añadido que el Justicia ha recomendado matizar las condiciones de apertura del Ánfora establecidas por el Departamento y que el Consejo Consultivo rechazó la revisión del concierto educativo con este centro planteada por el Departamento. Se ha quejado de que los responsables del colegio han solicitado para este próximo curso tres vías y solo se les ha concedido una más, mientras el colegio público Cuarte III, ubicado en la misma localidad, está diseñado para tres vías.

Asimismo, ha expresado que la Justicia admitió a trámite sendas denuncias por prevaricación contra dos altos cargos del Departamentos, denuncias que están todavía pendientes de resolución.

"Todas estas chapuzas afectan a todo tipo de materias ligadas a Educación", incluyendo la libertad de elección de centro, ha aseverado Ferrando.

INICIATIVAS

El Grupo Popular de las Cortes ha solicitado dos comparecencias de la consejera en sesión plenaria para que informe sobre el "polémico" inicio de curso y para que explique por qué no ha tomado ninguna medida para apartar a Almalé "habida cuenta todas sus decisiones, o bien judicializadas o que ya tienen resoluciones en contra".

Asimismo, el PP ha pedido la comparecencia de Almalé para conocer su posición acerca de las decisiones revocadas por los tribunales, sobre los cambios de criterio para abrir el Ánfora y lo que exigen al Cuarte III.

Además, reactivarán las cinco solicitudes de comparecencia de Almalé pendientes, confiando en que la Mesa de la Comisión de Educación "abandone el sectarismo y permita a la oposición hacer su trabajo, actuar con responsabilidad e interpelar al director general".

En otro orden de cosas, María José Ferrando ha dicho que el Ejecutivo regional está en su derecho de recurrir las reválidas para estudiantes de Secundaria y Bachillerato recogidas en la LOMCE, decisión que ha tomado el Consejo de Gobierno este martes. Ha observado que esta es una ley orgánica y que "todos estamos obligados a cumplirla".