La asociación ecologista Sea Shepherd ha llegado a un acuerdo mediado judicialmente en el que acepta impedir los "ataques físicos" a la flota ballenera nipona y su tripulación, informó este martes el Instituto de Investigación de Cetáceos (ICR) japonés.

La ONG, conocida por sus tácticas agresivas contra los balleneros japoneses, y el organismo estatal nipón mantenían desde hace años un litigio debido a que la primera trata de bloquear las capturas de ballenas de la flota nipona con fines supuestamente científicos.

Estas capturas han provocado en los últimos años fricciones con organizaciones animalistas y otros países, como Australia, que demandó a Japón ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2010 al considerar que su programa de pesca de estos cetáceos con fines científicos en la Antártida perseguía fines comerciales.

En virtud del acuerdo, el grupo internacional, su fundador, el activista canadiense Paul Watson, y quienes actúan de forma concertada con ellos se comprometen a "navegar de manera que no pongan en peligro la seguridad" y no podrán acercarse a menos de 500 yardas (457 metros) de los balleneros con fines de investigación.

El convenio estipula, además, que Sea Shepherd no podrá proporcionar fondos para facilitar ataques de otras entidades de la organización ni financiar a terceros para financiar actos que vayan en contra de lo recogido en el acuerdo, según detallo el ICR en un comunicado.

El acuerdo, en gran parte confidencial, pone fin a una batalla legal que comenzó en 2011, cuando el organismo japonés presentó el caso ante el Tribunal Federal de Estados Unidos para poner fin legalmente a los "intentos de sabotaje" de lo que Japón denomina "investigación ballenera".

Estos programas han sido duramente criticados por muchos países que los consideran pesca comercial encubierta, dado que la carne de los especímenes capturados y estudiados es posteriormente vendida.

Japón, que firmó la moratoria total de las capturas con fines comerciales de ballenas que entró en vigor en 1986, emprendió al año siguiente programas de capturas científicas defendiendo que están amparadas por el artículo VIII de la Convención de 1946 de la Comisión Ballenera Internacional (CBI).

A finales del año pasado Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y países europeos protestaron la decisión de Japón de reanudar su programa en la Antártida, prohibido por la CIJ en 2014, después de que la Agencia de Pesca nipona diera su visto bueno.

El otro programa que Japón mantiene en vigor se desarrolla en el Pacífico Norte.