Al juez de Murcia que no dejó adoptar a dos lesbianas, le puede caer otra sanción

El Consejo General del Poder Judicial estudiará mañana si abre expediente por retrasos en la tramitación de una adopción por un matrimonio de lesbianas al juez de Murcia ya expedientado por usar expresiones extravagantes en un auto, en el que denegó la custodia de dos hijas a una madre por su supuesta homosexualidad.

El Servicio de Inspección ha propuesto a la comisión disciplinaria del CGPJ, que se reúne mañana, abrir otro expediente a dicho juez, Fernando Ferrín Calamita, por la posible comisión de una falta grave del artículo 418.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Este apartado establece que es falta grave "el retraso injustificado en la iniciación o en la tramitación de los procesos o causas de que conozca el juez o magistrado en el ejercicio de su función".

Según fuentes del Consejo, si la comisión decidiera abrirle al juez otro expediente previsiblemente ambos se resolverían de forma conjunta.

Ferrín Calamita, titular del juzgado de primera instancia número 9 de Murcia (especializado en familia), actualmente está de baja médica y el pasado 25 de julio fue expedientado por una falta grave por usar en una resolución judicial "expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes o manifiestamente ofensivas o irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico".

El juez en el referido auto equiparó la condición de toxicómano, pederasta, prostituta y pertenencia a una secta satánica con la homosexualidad e indicó que "es el ambiente homosexual el que perjudica a los menores".

El Consejo el pasado mes de abril también acordó abrir una información previa tras denunciar un matrimonio de lesbianas que este juez retrasaba la adopción de la hija de una por parte de la otra cónyuge, procedimiento que se inició en mayo de 2006.

En su queja el matrimonio indica que Ferrín Calamita al ver que la Dirección General de Familia no se oponía a la adopción "paralizó el procedimiento" planteando una cuestión de inconstitucionalidad.

El Servicio de Inspección concluye que resulta incongruente y dilatorio que el juez acordara practicar una diligencia -un informe psicológico- que luego calificó de innecesaria.

Por su parte, el juez sostiene que no ha retrasado a propósito este asunto y en un informe remitido a Inspección alega que "no hace falta ser perito para saber que un niño necesita un padre y una madre y que si le falta una de esas referencias crece ´cojo´".

Además, indica que se siente "indefenso" y que si no fuera porque tiene familia numerosa y no tiene otro empleo se pensaría abandonar la carrera judicial o pedir una excedencia.

Por otra parte, la Inspección ha propuesto a la comisión disciplinaria que archive la información previa abierta al juez de Murcia tras la queja interpuesta por un médico, quien solicitó que se comprobara la capacidad del juez para el ejercicio de su trabajo.

La LOPJ establece que las faltas graves sólo pueden sancionarse con multa de 300 euros a 3.005 euros.

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