Durante la rueda de prensa tras el consejo de gobierno de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Muñoz ha señalado que ya se están produciendo los primeros movimientos de maquinaria en el solar para ejecutar unas obras que cuentan con un plazo de 15 meses. "Sin lanzar las campanas al vuelo, tengo confianza en que se vuelva al camino y espero que no se vuelvan a parar", recalca.

Por tanto, se ha mostrado "optimista", aunque muestra las "cautelas correspondientes" teniendo en cuenta lo ocurrido anteriormente con la ejecución de estas actuaciones.

De otro lado, ha informado de que la empresa ha recurrido la sanción "firme" de 60.000 euros aprobada hace un mes en el consejo de la GMU por sus "continuos e injustificados" retrasos a la hora de comenzar la edificación.

Cabe recordar que tras aquel consejo se indicaba, además, que se había rechazado el plan de obra de la adjudicataria "al no adecuarse al proyecto" y el director de obra presentado, que "no cumplía con los requisitos de titulación exigidos".

LAS OBRAS

La obra en cuestión supone el derribo de las 524 viviendas sociales municipales del barrio de Los Pajaritos y su sustitución por bloques de viviendas de nueva construcción. En agosto de 2014, comenzaron los primeros trabajos de derribo de los antiguos bloques, después de que se adjudicase la demolición de las manzanas números 8 y 9 de Los Pajaritos, que sumaban un total de 96 viviendas. Los derribos estaban precedidos por una operación previa para realojar a las familias que habitaban las viviendas demolidas entonces y que serán sustituidas por 62 nuevas viviendas en las calles Estornino y Gavilán.

Tras el derribo, se contratan de las obras de construcción de los dos bloques de viviendas municipales, con un presupuesto base de 5.251.347 euros, IVA incluido, una cifra que quedó rebajada a 3.261.611 euros al ser adjudicadas en junio de 2015 a la oferta presentada por Vías y Construcciones SA.

Ya en diciembre la Gerencia de Urbanismo iniciaba un expediente de rescisión contractual, que se sustentaba en que transcurridos cinco meses desde la firma del contrato no habían comenzado las obras, pero que finalmente no pudo ejecutarse al, según un informe de la Secretaría General, "no constar que los pliegos o el contrato incorporen plazos parciales de obligado cumplimiento para el contratista". Así, en mayo, el consejo de la GMU trató una propuesta de acuerdo para "declarar la caducidad" del expediente de resolución de contrato en cuestión y requerir al contratista para el comienzo de las obras en 15 días.