En 2013, la reforma de la Ley de medidas de flexibilización del mercado del alquiler de viviendas aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy supuso la eliminación de las prórrogas de las subsidiaciones a los préstamos para comprar Vivienda de Protección Oficial (VPO). Unas 300.000 familias resultaron afectadas por el recorte del Ejecutivo; familias que se han visto obligadas a pagar sobrecostes mensuales de entre 90 y 300 euros por su préstamo.

La subsidiación de préstamos para adquirir VPO es una ayuda que el Estado otorgaba a los compradores con ingresos escasos para contribuir al pago de los intereses hipotecarios. Estas ayudas de subsidiación suponían una subvención a una parte proporcional de la cuota mensual de la hipoteca de una vivienda de protección oficial. Su cuantía depende del plan de vivienda al que esté acogido el beneficiario. Eran un derecho que había sido reconocido por los planes de vivienda de gobiernos anteriores.

Hasta la oficina del Defensor del Pueblo –en septiembre de 2013– le pidió al Ejecutivo que cambiara de postura. En ese momento, la institución solicitó al Ministerio de Fomento que pagara las ayudas reconocidas por las CC AA. De hecho, algunas siguieron reconociendo las ayudas financieras, pero los beneficiarios no pudieron cobrarlas al no contar con el visto bueno de Fomento.

En abril de este año, un grupo de afectados viajó hasta Bruselas para dar a conocer su situación ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara. Una representación de la Coordinadora Nacional de Afectados VPO –acudió un grupo de afectados de la Comunidad Valenciana– denunció ante los eurodiputados que el Gobierno "ha vulnerado la legislación europea básica en materia del derecho a la vivienda, infringiendo los principios de seguridad jurídica, de buena fe y de confianza legítima que protege a un particular contra las modificaciones imprevisibles de las normas".

Ahora, el Parlamento Europeo ha requerido por carta al Ejecutivo español mayor información para que justifique la supresión retroactiva de las prórrogas de subsidiación de préstamos convenidos VPO, al existir la posibilidad de que infringiera normativa europea. Según la Coordinadora Nacional de Afectados VPO, esta petición también incluye la exigencia de información sobre la evolución de los tipos de interés de la vivienda protegida.

La Eurocámara también se ha dirigido por carta a la Generalitat Valenciana para que investigue los impagos en las ayudas a la vivienda que, durante más de 6 años, afectaron a más de 60.000 familias. El pasado 20 de mayo, las Cortes Valencianas aprobaron una resolución similar para proceder al inicio de la investigación.

Con la información que reciba, la Comisión Europea dictará un nuevo informe. Según los afectados, en ese documento se podría exigir al Gobierno español la devolución de las ayudas a las 300.000 familias afectadas y un cambio a la baja en los tipos de interés que se están fijando para la vivienda protegida. Los tipos aplicables a la vivienda protegida son fijados por el Ministerio de Fomento a partir del indicador IRPH.

Sin embargo, como denuncia la Coordinadora Nacional de Afectados VPO, en su caso los tipos han seguido unas tendencias por encima de los del mercado libre, caracterizado por la bajada del euríbor. Las familias afectas opinan que esto podría contravenir normativa europea sobre vivienda, de manera especial, por el rechazo de Bruselas a que se tome el IRPH como referencia para la vivienda protegida.