El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el conflicto de competencias promovido por el Gobierno de Cataluña contra el decreto del ejecutivo central que llevó a la legislación española la directiva europea relativa a la eficiencia energética.

El Gobierno catalán acudió ante el tribunal de garantías contra varios preceptos del Real Decreto 56/2016, de 12 de enero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre eficiencia energética, y ahora el pleno del TC lo ha admitido a trámite.

La decisión supone únicamente que el Constitucional estudiará el asunto, sin que la admisión a trámite implique ningún condicionante sobre cuál será el resultado del fallo.

El recurso se opone al decreto en sus disposiciones sobre auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía.

El Tribunal ha acordado dar traslado de la demanda al Gobierno, que dispone de un plazo de veinte días para aportar cuantos documentos y alegaciones considere convenientes.