Además, de todas las inspecciones realizadas "no" se ha abierto ni un expediente por incumplimiento de la ley por lo que, una vez concluya esta acción europea, "se restablecerá la normalidad" y la "proporcionalidad" de las inspecciones realizadas.

Así se lo ha hecho llegar la subdelegada del Gobierno en Cáceres, Jerónima Sayagués, al secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas, tras la reunión que han mantenido este jueves en la que la organización agraria le ha hecho llegar a los responsables gubernamentales el malestar del sector por esta situación.

A la salida del encuentro, Huertas ha explicado a los medios de comunicación que las "formas" y "el momento" de esta actuación de la Inspección de Trabajo "han sido desproporcionadas", ya que se han desplegado por la zona "hasta doce inspectores" que visitaban las explotaciones agrícolas y las cocheras donde se hacen las primeras selecciones del producto, acompañados por agentes de la Guardia Civil, "como si los cereceros fueran delincuentes", ha dicho.

Huertas ha resaltado que el hecho de que en estas inspecciones no se haya abierto ningún expediente sancionador demuestra que "los productores de cereza cumplen la ley", y ha recordado que la ayuda familiar de ascendientes y descendientes del titular de la explotación está regulada en épocas de recolección y "es legal".

No obstante, ha pedido que esta circunstancia se recoja y se defina "de una vez por todas" en la normativa de una forma clara para que no dé lugar a interpretaciones subjetivas del inspector de turno. "Lo que no se puede hacer es un acoso y derribo porque la gente se siente intimidada y se genera una situación de incertidumbre, cuando se están haciendo las cosas bien", recalcó el responsable agrario que aboga por aclarar la normativa para que "nadie tenga duda" de que la ayuda familiar "es un planteamiento legal y necesario para que esas economías salgan adelante".

Desde UPA-UCE se recuerda la importancia de la cereza para la economía del Valle del Jerte donde se cultivan más de 10.000 hectáreas y se generan unos 200.000 jornales en la época de la recolección. "Los cereceros cumplen con la legalidad en el 99 por ciento de los casos", ha insistido Huertas, quien mantiene que las inspecciones "han sido desproporcionadas".

"Esta no son formas de hacer las cosas. No se puede perseguir a la gente que está trabajando honradamente en un producto que es muy perecedero y que ahora que se recogen las primeras cerezas nos encontremos con un despliegue de inspectores", insiste el secretario general que confía en que la situación remita la situación y se normalice la campaña.