Los implicados son un comercial del sector en Ávila, así como el responsable de un criadero de perros y un particular, ambos de Burgos, según informan fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

La investigación se remonta a junio de 2015, cuando una vecina de Valencia denunciaba haber adquirido a través de Internet un cachorro de raza Caniche Toy, provisto de Libro de Orígenes Español (L.O.E), y que

una vez entregado el animal éste parecía no reunir el estándar de pura raza.

Las pesquisas practicadas arrojaron a la luz que la compra se había gestionado a través de un comercial del sector ubicado en Ávila, si bien la entrega del can se consumó en un centro de cría burgalés.

Con la colaboración de la Asociación Canina Nacional, se practicó un estudio morfológico del animal, que responde al nombre Coco, verificándose las sospechas de la perjudicada, ya que el can no cumplía con los estándares de la raza.

A través de la Real Sociedad Canina Española (R.S.C.E.) se ha constatado que habían sido dadas de alta cuatro camadas de una madre con documento L.O.E. -conocido como pedigrí- que no se correspondía con la progenitora real. Entre los cachorros acreditados estaba el adquirido desde Valencia.

Adicionalmente se obtuvo que el animal llevaba implantado el obligatorio microchip, labor propia y exclusiva de un veterinario, si bien en esta ocasión fue realizada por el criador, que carecía de titulación.

Se ha confirmado que el can con LOE fraudulento fue vendido al criador por un particular no profesional residente en Burgos, conocido del Seprona por reincidencia y al que constan 800 inscripciones de cachorros en la R.S.C.E.

Como resultado de la 'Operación Cocotoy', se investiga a tres personas, H.M.T, de 33 años; D.F.M, de 26, y D.L.N, de 44, y se han practicado tres inspecciones administrativas a un centro de cría en Burgos.

Otros cuatro animales habrían sido vendidos en las mismas condiciones, oscilando su precio entre los 300 y 900 euros. Además de en Valencia, se han detectado casos similares en Barcelona, Teruel, León y Cantabria.

La investigación ha sido coordinada por el Seprona de Burgos y dirigida por el Juzgado de Instrucción Nº 4 de la capital burgalesa.