Amnistía Internacional denuncia que la investigación llevada a cabo por la justicia militar de las torturas cometidas por soldados españoles en Irak en el año 2004 "está repleta de irregularidades" y solicita que la causa sea transferida a la justicia ordinaria para que "continúe la búsqueda de la verdad".

El diario El País publicó en 2013 un vídeo en el que se denunciaba malos tratos de un grupo de soldados españoles a prisioneros que se encontraban retenidos en la base española de Diwaniya (Irak). Ahora, Amnistía Internacional ha publicado un informe en el que critica el sobreseimiento provisional del caso en la justicia militar "sin cumplir con el deber de exhaustividad de conformidad con los estándares internacionales".

La Fiscalía Militar basó el sobreseimiento en que no hay testigos válidos que afirmen que se produjeron los malos tratos y las torturas. Centra su argumento en la falta de testigos directos. Sin embargo, Amnistía Internacional asegura que existe el testimonio del soldado que grabó el vídeo (aunque luego se desdijo) y de otro militar que lo visionó y pudo identificar a varios de los responsables. Según la organización, estos testigos podrían "haber sufrido amenazas para retirar su testimonio y no contar lo que sabían".

Además, Amnistía denuncia la desaparición del libro de registro de detenidos en Irak lo que, ha juicio de la organización "hubiera facilitado la identificación de los detenidos".

"Esta es una mancha en el historial del Ejército español. No se han hecho todos los esfuerzos para identificar a víctimas y responsables de los abusos. Si no se hace justicia, estos actos de tortura planearán sobre la actuación de las tropas españolas", ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

El pasado mes de febrero una delegación de Amnistía Internacional se reunió con la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, para solicitarle que la investigación pasara a la justicia ordinaria. "En caso de que esta solicitud fuera rechazada", insiste la organización, "la Fiscalía debe asegurar que la investigación no se cierra, que los hechos son investigados de forma imparcial e independiente y, llegado el caso, que los responsables son procesados".