El endeudamiento en el que incurrieron las comunidades en 2015 para financiar su déficit excesivo, ha ensombrecido el esfuerzo del resto de entes públicos.

La deuda de las administraciones se elevó el año pasado a 1.070.279 millones de euros (un 3,5% más que en 2014) y suma un nuevo máximo anual. Sin embargo, el aumento de la actividad económica ha recortado en tres décimas el porcentaje que representa sobre el PIB (hasta el 99%) y además se trata del primer descenso anual de esta cifra desde 2008.

"Es una señal muy positiva, significa que se ha hecho mucho esfuerzo para contener el déficit público", ha presumido el ministro de Economía en funciones Luis de Guindos, tras conocer los datos publicados este martes por el Banco de España.

La relación entre déficit y deuda es de cercano parentesco. Si las administraciones gastan más de lo que ingresan, tienen que pedirlo prestado y por lo tanto aumenta la deuda. Por eso, la gran preocupación de Bruselas con la economía española se centra en los desajustes presupuestarios de las comunidades autónomas. Hasta noviembre, apenas cinco (País Vasco, Canarias, Baleares, Galicia y Asturias) cumplían el límite de déficit del 0,7%.

"Los ingresos están bastante prefijados porque dependen de la financiación del Estado central, o sea que el crecimiento de la deuda autonómica se ha producido más por un aumento de gastos", explica a 20minutos Julián Pérez, director adjunto del Centro de Predicción Económica (Ceprede). Según este experto, el desajuste podría proceder de una "infrafinanciación" o simplemente "por derroche".

Y es aquí cuando la vista se particulariza a cada territorio. La deuda autonómica creció en 2015 hasta los 261.268 millones de euros (un 10,32% más), un volumen histórico que equivale al 24,2% de su PIB (1,5 puntos más que en 2014). Ni el Estado, ni los Ayuntamientos, ni la Seguridad Social, mostró el año pasado un avance mayor de su endeudamiento.

Ninguna comunidad logró reducir su deuda respecto al año anterior. Pero es cierto que en algunas autonomías creció más que en otras y que cuatro de ellas —Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid— concentran el 66,2% de toda la deuda autonómica.

Las tres que presenta un mayor incumplimiento del déficit presupuestario —Murcia, Cataluña y Comunidad Valenciana— son precisamente tres de las que más elevaron su deuda en 2015. La Comunidad Valenciana elevó en 2,9 puntos su endeudamiento; Cataluña, 2,6 puntos; Extremadura, 2,1 puntos; Aragón, 2 puntos; y Murcia, 1,8.

En porcentaje sobre su PIB, la Comunidad Valenciana, con el 41,3%, sigue encabezando a las regiones más endeudadas en relación a su riqueza, seguida de Castilla-La Mancha, con el 35,5%, y Cataluña, con el 35,3%. En cambio, Madrid (13,6%), País Vasco (14,4%) y Canarias (15,7%) son las que menor deuda tienen respecto a su actividad económica.

Otro dato curioso. Galicia y País Vasco, que no han celebrado comicios territoriales en 2015, están entre los territorios que menos elevaron su deuda. El Gobierno gallego solo se ha añadido una décima a su endeudamiento (hasta el 18,6% de su PIB) mientras que el vasco solo ha añadido tres décimas (al 14,4%).

El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha aseverado este martes que el Gobierno "no va a dejar caer" a ninguna comunidad. "Si dejas que una comunidad autónoma entre en una situación muy deteriorada haces daño a los servicios públicos, y esto no lo vamos a permitir", ha dicho De Guindos, una semana después de que la Generalitat pidiera ayuda al Gobierno para solventar sus problemas financieros a corto plazo.

El 99% de deuda en 2015 supone el primer descenso anual desde 2008, pero está lejos aún del 60% que España se comprometió con Bruselas a cumplir en 2020. "En nuestro horizonte solo se llegaría a ese 60% entre el año 2035 y 2040", explica Julián Pérez, de Ceprede.

Las ligeras reducciones actuales del déficit apenas arañan unas décimas a la deuda. Y esta, según Pérez, solo se reducirá en grandes porcentajes si las cuentas muestran superávit o se realiza una "política fuerte de venta de activos financieros", como la enajenación de activos de la Sareb o la venta de las participaciones en Bankia. "Por supuesto, siempre que no se vendan por debajo de su valor de compra; si se vende con pérdida, se cargaría al déficit", matiza.

Tampoco Bruselas es optimista con el endeudamiento español. En un informe emitido en enero el Ejecutivo Comunitario alertaba de que la "elevada deuda pública" era uno de los factores de vulnerabilidad para nuestra economía  y que existía un "40% de posibilidades" de que en 2020, no solo no bajase al 60%, sino que superaría el 99% actual.

Y es que la cifra de deuda casi se ha triplicado desde el inicio de la crisis. Las administraciones públicas debían 383.798 euros en 2007, una cantidad que se ha elevado ya por encima del billón. La causa, el elevado déficit generado durante la crisis que ha obligado a acudir a los mercados para salvar los presupuestos anuales del Estado y de las autonomías.

La mayor parte de la deuda sigue correspondiendo a la Administración Central (938.799 millones), pero el año pasado creció menos (un 4,8%) que la autonómica. Solo las corporaciones locales consiguieron disminuir su endeudamiento: lo recortaron un 8,33%, hasta 35.147 millones. Y en el caso de la Seguridad Social, la deuda se mantuvo estable respecto a un año antes.

Por otro lado, la Comisión de Presupuestos del Congreso ha aprobado por mayoría —con el voto en contra del PP1 que la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás, y el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiRef), José Luis Escrivá, comparezcan entre el 11 y el 15 de abril para analizar el déficit público y la elevada deuda pública.