La portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo, ha recordado que su formación ya propuso en 2013, en el marco de las enmiendas a la Ley sobre la función social de la vivienda, el convenio que acordaron este martes la Junta, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) sobre ejecuciones hipotecarias y desahucios. Si bien, la enmienda del PP-A fue rechazada entonces.

El convenio firmado este miércoles tiene por objetivo abordar de manera coordinada el problema de muchos ciudadanos que se encuentran inmersos en procedimientos de desalojo de su vivienda. Estos se podrán suspender si se acredita riesgo de exclusión social.

En rueda de prensa, en la que ha estado acompañada por la portavoz del PP-A en materia de vivienda, Alicia Martínez, Crespo ha considerado que este acuerdo es "positivo", pero que se ha "perdido el tiempo" desde que su formación lo propuso, hace tres años, un periodo en el que muchos ciudadanos lo ha pasado "muy mal".

Martínez ha dado "la bienvenida" a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a las medidas en favor de las personas expuestas a posibles desahucios y ha considerado que este acuerdo se lleva ahora a cabo "quizás para dar un golpe de efecto y tapar la investidura de Sánchez".

El PP-A defenderá este jueves una moción en materia de vivienda en la que exige a la Junta que lleve a cabo todas las medidas y actuaciones necesarias para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada a los andaluces, tal y como recogen los artículos 25 y 56 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

La moción del PP reclama, entre otras medidas, el impulso a la promoción de vivienda social en alquiler; la garantía de recepción de las ayudas autonómicas para vivienda pendientes de los anteriores Planes Andaluces de Vivienda; y la rehabilitación de los parques públicos de vivienda de titularidad pública existentes en Andalucía.