Los suizos rechazaron este domingo en referéndum, con el 58,9% de los votos y por la mayoría de todos los cantones, la propuesta del partido popular suizo (SVP-UDC) de endurecer la ley que permite expulsar a los extranjeros que hayan cometido delitos graves, según los datos oficiales.

Dieciocho cantones votaron en contra de la iniciativa y cinco a favor, en un referéndum que contó con una participación récord del 60% del electorado.

Los helvéticos se han opuesto a endurecer la legislación que establece la expulsión automática de aquel extranjero delincuente, pero que otorga a los jueces la posibilidad de hacer excepciones cuando crea una situación de grave dificultad para él o su familia.

La iniciativa votada este domingo pretendía que se incluyera en la Constitución el texto aprobado en primera instancia por los ciudadanos en referéndum sin las excepciones introducidas por el Parlamento posteriormente, que la suavizan.

En 2010, los helvéticos aprobaron en referéndum con el 52,9% de los votos la iniciativa 'Por la expulsión de los extranjeros criminales', presentada por la UDC, y que establecía la expulsión automática de los extranjeros que delinquen.

La propuesta inicial implicaba la expulsión automática —sin tener en cuenta el entorno socioeconómico ni las circunstancias del hecho— de los extranjeros que habían cometido delitos graves.

Tras la aprobación —y como es prescriptivo—, el Parlamento redactó y aprobó una ley en marzo de 2015 que, a ojos del SVP-UDC, suavizaba el espíritu y la forma de la iniciativa aprobada y por ello decidió presentar una nueva propuesta que 'blindase' la aplicación literal de lo aprobado en primera instancia. Los ciudadanos han decidido rechazar este extremo.

La ley aprobada por el Parlamento —que aún no ha entrado en vigor— introdujo una cláusula que permite a los jueces hacer excepciones cuando la expulsión de un extranjero pudiera crear una situación de grave dificultad para él o su familia.

Asimismo, se tendrá en cuenta si el delincuente no es ciudadano suizo pero nació y se ha criado en Suiza, situación común —una cifra que se acerca a las 400.000 personas— dado que la Confederación Helvética no otorga la nacionalidad solo por nacer en su territorio ('ius soli' o derecho del suelo).

Entre los delitos susceptibles de implicar una expulsión están el asesinato, la violación, el atraco a mano armada, el tráfico de seres humanos y el tráfico de drogas, pero también el abuso de los beneficios de la seguridad social.

La expulsión implicará que la persona no podrá volver al país en un rango de cinco a quince años, aunque podría ampliarse hasta los veinte años o toda la vida en casos de reincidencia.

Las autoridades podrán renunciar si el delito fue cometido en legítima defensa o de necesidad inexcusable, o si la persona se arriesga a un trato cruel o inhumano en su país de origen.

A petición de la Oficina Federal de Justicia, la Oficina Federal de Estadística calculó el número de expulsiones que podrían concretarse en caso de adopción de la segunda iniciativa.

Según este estudio, si en 2014 hubiera estado vigente la ley de aplicación aprobada por el Parlamento se hubiera podido expulsar a cerca de 4.000 personas, mientras que con la segunda iniciativa esta cifra se hubiera elevado a más de 10.000.

La patronal helvética, Economiessuisse, se congratuló del resultado recordando que para crecer económicamente hace falta "seguridad jurídica".

En rueda de prensa, la ministra de Justicia, Simonetta Sommaruga, se felicitó por la decisión ciudadana y resaltando que la jornada de hoy fue un día "importante" para el Estado de Derecho.

Tanto el Gobierno como el resto del arco parlamentario se oponían a la aprobación de la iniciativa porque entendían que era contraria a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y contravenía lo establecido en el Acuerdo de Libre Circulación firmado con la Unión Europea.

Las relaciones se tensaron mucho con la UE tras la aprobación de la iniciativa "contra la inmigración en masa", que estableció cuotas de nuevos inmigrantes, incluidos los comunitarios.

Comentando los resultados de este domingo, la Conferencia de Fiscales de Suiza afirmó que "con el rechazo a la iniciativa, el pueblo ha salvado el Estado de Derecho".

"La UDC ha jugado con el miedo, pero al contrario de lo que quería hacer creer, la seguridad no iba aumentar con la implementación del texto", concluyó la Conferencia.