La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha señalado que los profesores de Religión no vigilan los recreos en los centros educativos donde imparten enseñanza por el hecho de que en los contratos se establece que "la actividad a prestar por el trabajador consistirá en impartir la enseñanza de la Religión y Moral Católica".

Análogamente, según subraya la consejera del ramo, Adelaida de la Calle, en una respuesta parlamentaria consultada por Europa Press, a pregunta del Grupo Popular, el personal contratado por la Consejería de Educación para impartir Religión en centros de Educación Secundaria dependientes de la misma formaliza contratos de trabajo donde se determina que la actividad a prestar consiste "sólo" en la impartición de la enseñanza de la Religión.

Dicha enseñanza está regulada por el artículo 27 de la Constitución Española, por el cual el Gobierno andaluz garantiza el derecho fundamental de los padres y madres para que sus hijos reciban una formación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones.

En Andalucía, así, "se respetan el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, y el Gobierno garantiza la educación de todas las religiones, preservando el mayor pluralismo educativo", manifiesta De la Calle, que recalca que la enseñanza de la Religión en Andalucía "se ajusta a lo dispuesto en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español, así como en los Acuerdos de Cooperación celebrados por el Estado español con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Israelitas de España, la Comisión Islámica de España y, en su caso, a los que en el futuro puedan suscribirse con otras confesiones religiosas".

Por este asunto, la patronal Escuelas Católicas de Andalucía (ECA) llegó a manifestar su apoyo y respaldo a los profesores, que, según la denuncia de los delegados diocesanos de Enseñanza de las Diócesis de Andalucía, sufren "hostigamiento" al negársele el horario de recreo, en lo que consideran un acto de "palpable discriminación" en relación con los otros docentes de centros públicos.

Y es que la situación referida produce "no sólo una aminoración en la atención educativa y la vigilancia del alumnado en un momento donde es deseable una mayor atención, sino una palpable discriminación del profesorado de Religión, que se ve desplazado de tareas en las que, hasta ahora y conforme a la normativa legal establecida, estaba equiparado al resto de compañeros".