En una rueda de prensa para valorar el control de los flujos migratorios de África Occidental, Caldera se comprometió a hacer un "esfuerzo especial para el control de la legalidad de las contrataciones" de estas personas y a impulsar, "cuando no sea obligación de los empresarios, la concesión de un adecuado alojamiento" para este tipo de trabajadores temporales.

Añadió que los trabajadores rumanos "están esperando a una campaña de recogida del ajo" y advirtió que "la administración va a velar de forma exquisita porque no haya ninguna ilegalidad en la contratación de estos trabajadores" y para que se "aplique a los mismos las leyes que protegen sus derechos".

Por su parte, el alcalde de la localidad, Pablo Escobar (PP) considera "discutible" la afirmación del ministro. Escobar sostiene que en la zona de seguridad "no está permitido que acampe ninguna persona, sea un francés, un rumano o un español, y las leyes y las normas están para todos".

Insalubridad y uso del agua del trasvase

Escobar matizó que su intención al denunciar la masiva acampada de inmigrantes, -en un principio había unas 2.000 personas-, fue que se supiera en qué condiciones "infrahumanas, de insalubridad están viviendo, porque es una situación lamentable cómo están en el asentamiento".

Para el alcalde de La Herrera otro de los problemas es el uso del propio agua del trasvase por parte de estos temporeros que lo utilizan para su aseo, el lavado de la ropa y de los utensilios, "pudiendo crear un problema de salud pública".

No obstante, Escobar subrayó que, aunque ayer por la tarde el contingente de acampados era de unos mil, el número sigue disminuyendo "por la presión ejercida desde la Subdelegación del Gobierno que ha mandado a los Cuerpos de Seguridad del Estado", dijo el alcalde de este pequeño municipio de unos cuatrocientos habitantes y a unos treinta kilómetros de la capital albacetense.