El parlamentario del PP vasco Iñaki Oyarzábal pretende que el Parlamento investigue, "hasta el final, la estafa" de los precios de los menús de comedores escolares y ha considerado que "hay una responsabilidad política clara" del Gobierno vasco porque, sin su "connivencia", las empresas no podrían haber cobrado sobrecostes pagados con el erario público. "Estamos ante un caso claro de corrupción política y económica de dimensiones enormes", ha asegurado.

El representante popular se ha referido, de esta forma, al hecho de que la Autoridad Vasca de la Competencia haya impuesto una multa de 18 millones de euros a ocho empresas adjudicatarias del servicio de comedores de los colegios públicos vascos por actuar de manera concertada e impedir la libre competencia, incrementado los costes.

Oyarzábal ha recordado que el PP ha pedido ya la comparecencia urgente de la consejera para que dé explicaciones y también interpelarán al lehendakari, Iñigo Urkullu, con el fin de que en la sesión de control al Gobierno para que aclare esta cuestión.

"Es importante transmitir, aunque el PNV lo está intentando tapar, que estamos ante un caso claro de corrupción política y económica de unas dimensiones enormes porque estamos hablando de una estafa de más de 200 millones de euros al erario público", ha asegurado el parlamentario popular en declaraciones a Europa Press.

Además, ha expresado su "absoluta" convicción de que, no solo se trata de "una concertación de empresas para lucrarse de manera indebida y estafar a las arcas públicas y, de manera controlada, quedarse con los concursos públicos", sino que es "la mayor contrata anual del Gobierno vasco, los comedores escolares".

"Estamos hablando de que en estos años estas empresas han facturado más de 800 millones de euros con un sobreprecio que se calcula entre un 20 y un 30% más. Estamos hablando de más de 200 millones de euros de estafa", ha indicado.

A su juicio, "es absolutamente inverosímil que lo hayan podido hacer solas, puesto que habían saltado ya muchas alarmas". "A lo largo de los años, hemos presentado muchas denuncias, hemos pedido sucesivas comparecencias del Gobierno, han comparecido personas a denunciar que aquí esto olía muy mal desde hace muchísimo tiempo y el Ejecutivo vasco lo ha seguido permitiendo", ha indicado.

En este sentido, ha manifestado que, "año tras año, las mismas empresas se iban quedando con los mismos contratos al precio más alto que permitía la Ley, muy por encima del precio de marcado".

Responsabilidad del gobierno vasco

"Luego, nosotros estamos convencidos de que aquí hay una responsabilidad política clara del Gobierno vasco y estamos convencidos de que hace falta exigir responsabilidades políticas y abrir una investigación porque esto no se podría haber hecho sin algún tipo de connivencia política de la propia Administración", ha subrayado.

Por ello, ha asegurado que éste "es un caso de corrupción grave, del que el Gobierno vasco y el Departamento tienen que dar cuenta". "Esto no se puede quedar así y, además, están mintiendo. Han intentado taparlo en el pasado y ahora que ya ha saltado y el Tribunal de la Competencia ha dicho que es verdad que aquí había un pufo de enormes dimensiones, tratan de escurrir el bulto diciendo que no ha habido perjuicio para las familias", ha añadido.

Iñaki Oyarzábal se ha mostrado convencido de que "ha habido perjuicio para las arcas públicas y, además, a las familias". "Llevamos años en el Parlamento todos pidiendo que las tasas de comedores bajen, o sea, que el precio que pagan las familias por el comedor se reduzca, más en estos último cinco años de crisis económica en los que las familias lo han pasado tan mal, y han sido inútiles todos los intentos de que se bajaran los precios", ha apuntado.

En esta línea, ha lamentado que, "mientras tanto, el Gobierno vasco estaba pagando un sobreprecio del 30%". En su opinión, se le tenía que haber rebajado ese porcentaje a las familias de los comedores. "Por tanto, ha habido, no solo un quebranto de las arcas públicas, sino a las madres y padres que llevan a sus hijos a los colegios públicos", ha añadido.

Oyarzábal ha afirmado que, "a la vista de los hechos", el PP llevará esta cuestión al Parlamento para que "se llegue hasta el final". "Estamos convencidos de que esto es imposible que haya ocurrido durante diez años seguidos sin algún tipo de connivencia del Gobierno vasco y de la propia Administración", ha concluido.