El exministro de Hollande juzgado por fraude, a tortas con un periodista al llegar a declarar

  • Jérôme Cahuzac no quiso hacer declaraciones a su llegada a los tribunales, pero no dudó en propinar una bofetada a uno de los reporteros que le esperaban.
  • El exrespondable de Ministerio de Hacienda galo se enfrenta a una pena de siete años de cárcel y a un millón de euros de multa.
  • Está acusado de fraude fiscal y blanqueo de capital.
  • El jucio ha arrancado este lunes y está previsto que concluya el 18 de febrero.
El exministro de Hacienda francés Jérôme Cahuzac llega al tribunal de París donde se celebra su juicio por supuesta evansión de impuestos a través de cuentas bancarias en paraísos fiscales, en París (Francia).
El exministro de Hacienda francés Jérôme Cahuzac llega al tribunal de París donde se celebra su juicio por supuesta evansión de impuestos a través de cuentas bancarias en paraísos fiscales, en París (Francia).
EFE
El exministro de Hacienda francés Jérôme Cahuzac llega al tribunal de París donde se celebra su juicio por supuesta evansión de impuestos a través de cuentas bancarias en paraísos fiscales, en París (Francia).

La Justicia francesa sentó este lunes en el banquillo al exministro de Hacienda de François Hollande, Jérôme Cahuzac, sustituido en marzo de 2013 tras reconocer que había defraudado al fisco con cuentas en paraísos fiscales.

A su llegada a los juzgados, el exmandatario socialista francés no quiso hacer declaraciones a la prensa pero sin embargo sí que le propinó una bofetada a uno de los periodistas que se encontraban allí. Según el medio galo Libération, Cahuzac no medió palabra con los numerosos periodistas que le esperaban, aunque no dudó en dar una torta en la cara a uno de ellos para apartarlo de su camino.

Cahuzac, que en su ministerio estaba al frente de la lucha contra ese tipo de estafas, está imputado desde ese año por blanqueo y fraude fiscal. El escándalo, que provocó la primera gran crisis política del mandato presidencial de François Hollande, se desencadenó cuando la web Mediapart publicó en diciembre de 2012 que Cahuzac poseía una cuenta no declarada en la entidad helvética UBS que habría cerrado en 2010, año en el que supuestamente trasladó sus fondos a Singapur.

El ahora exministro, médico de formación, tachó de difamatoria la acusación y la negó durante meses tanto ante la prensa como en la Asamblea Nacional. Pero acabó entonando el mea culpa públicamente y a través de su blog en abril de 2013, a las dos semanas de su salida del Ejecutivo.

"Estaba destrozado por los remordimientos", dijo entonces Cahuzac, que pidió perdón a Hollande y a sus compatriotas, excompañeros en el consejo de ministros y el resto de parlamentarios.

Tras dos años de investigación judicial, que culminan ahora en un juicio de dos semanas, el político socialista acude ante los tribunales por no haber declarado 600.000 euros, que se suman a los 2,3 millones de euros de su exesposa, Patricia Ménard, con la que se casó en 1980.

Los fondos provendrían de la actividad de ambos como profesionales en el sector de la salud. Cahuzac y su exmujer y dos de sus consejeros se enfrentan a una pena de hasta siete años de cárcel y un millón de euros de multa.

Escándalo en el gobierno de Hollande

El escándalo condujo al Gobierno a endurecer la legislación contra el fraude fiscal, con sanciones más fuertes, medios adicionales para los investigadores, la creación de la Alta Autoridad para la Transparencia en la Vida Pública o la puesta en marcha de una Fiscalía nacional financiera.

Cahuzac, de 63 años, pasó de ser un "animal político brillante", según lo afirmaban sus compañeros, a un "paria" que ha perdido el contacto con sus antiguos colegas, según la descripción que hacen ahora de él los medios franceses. Desde entonces está jubilado y asegura que vive de su pensión de diputado.

Las ONG Attac, Los Amigos de la Tierra, Acción No Violenta y Biz colocaron en las inmediaciones del Palacio de Justicia cerca de 200 sillas robadas de sucursales bancarias sospechosas de favorecer el fraude fiscal para denunciar que sus activistas no pueden asistir a un proceso judicial que terminará el próximo 18 de febrero.

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