El portavoz parlamentario adjunto del PPC, Daniel Sirera, ha justificado el rechazo de su partido en que las conclusiones son un "fraude" y una "tomadura de pelo", y ha acusado al resto de formaciones de suscribir un "pacto para taparse las vergüenzas", mientras que PSC, ERC e ICV han tildado al PP catalán de "frívolo", de "demagogia" y de "boicot" a la comisión.

En cuanto a la polémica del pago de comisiones, las conclusiones dicen que "a lo largo de los trabajos de la comisión se ha mantenido la profusión de comentarios y valoraciones en torno a un presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras públicas en Cataluña que no se ha podido acreditar".

Por la crisis del 3 por ciento

Cabe recordar que la comisión de investigación se creó a raíz de la denominada "crisis del 3%", originada el pasado febrero cuando, en un pleno sobre los hechos del barrio del Carmel, el presidente catalán Pasqual Maragall dijo que el "problema" de CiU era el "3%", lo que fue interpretado como una acusación de cobro de comisiones irregulares por obras públicas durante la etapa de CiU.

Las conclusiones prosiguen con que "conviene, en todo caso, extremar las precauciones al respecto a través del máximo rigor en los procedimientos de adjudicación y solicitando la colaboración de los agentes sociales y la ciudadanía en general, para poner de manifiesto las prácticas corruptas que se puedan conocer".

Responsabilidades

En cuanto a las responsabilidades por el hundimiento del túnel de maniobras del Carmel se atribuyen "responsabilidades" al ex director de Puertos y Transportes Jordi Julia, al ex presidente de GISA, Ramon Serra, ambos cesados tras este caso.

En el caso de las "empresas adjudicatarias de la dirección facultativa y la construcción de obra", las responsabilidades se consideran "graves", aunque añaden que las responsabilidades concretas de empresas y personas deberán ser resueltas "en el ámbito judicial".

Señalan también, en cuanto a la "gestión de la crisis" entre el 25 de enero y el 3 de febrero, que "fue una decisión precipitada autorizar el retorno a sus viviendas de determinados vecinos, en base a certificados emitidos por técnicos (...) sometidos a una evidente presión".