Hay que reconocer que las actividades del portador de la Corona aumentaron con la llegada al poder de Zapatero, con quien rápidamente congenió, empujado por las pésimas relaciones que Don Juan Carlos mantuvo con Aznar. Las tensiones entre Moncloa y Zarzuela habían sido notables, hasta el punto de que el líder del PP redujo a la mínima expresión el papel de la Jefatura del Estado y, de paso, el de la primera dama, función que fue asumida con el garbo acostumbrado por Ana Botella. Por su parte, el Rey contraatacó fastidiando al presidente con sucesivos anuncios de bodas y bautizos en fechas señaladas, como el primer viaje presidencial a Estados Unidos, cuyo eco quedó amortiguado por el papel couché de la realeza.

La primera misión regia del nuevo periodo fue una visita privada a Bush en su rancho texano, con la que se pretendía evitar que la retirada de las tropas españolas de Irak afectara a las relaciones económicas y comerciales entre ambos países. Hemos tenido noticias de las gestiones del Rey ante Mohamed VI para resolver la crisis de la valla en Ceuta y Melilla; y hasta de su mediación para que Lagardère adjudicara a la española Indra unos sistemas de control de misiles, una petición expresa de Alberto Alcocer, el oficioso administrador del patrimonio real.

Éste es, por cierto, uno de los secretos mejor guardados. De los 8,3 millones que recibe de los Presupuestos no da cuentas a nadie. A diferencia de Suecia, donde el rey está obligado a hacer público el destino de sus inversiones, aquí se impuso la figura de los administradores, que si por algo se han caracterizado –Manuel Prado, Mario Conde o el propio Alcocer– es por sus líos con la Justicia.

Ayer declararon ante el juez Del Olmo los peligrosísimos dibujantes de El Jueves. Han dicho que eligieron a los Príncipes para su viñeta del baby-cheque porque son muy populares. Nadie les ha pedido aún que rectifiquen su afirmación sobre la escasa

afición al trabajo del heredero. Se ve que eso no es delito.

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