Los familiares de la exalcaldesa de la localidad zaragozana de La Muela, María Victoria Pinilla, que también figuran como acusados, han reconocido los delitos contra la Hacienda Pública en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, contra una presunta red de corrupción urbanística, y en el que 40 personas se sientan en el banquillo.

La exalcaldesa no ha querido declarar, alegando indefensión porque su abogado ha renunciado a representarla, decisión que no ha sido admitida por el tribunal que preside el magistrado Javier Cantero.

Después de que María Victoria Pinilla haya rehusado declarar, lo han hecho su exmarido Juan Antonio Embarba Laborda, y los tres hijos de ambos, Juan Antonio, Jorge y Víctor.

Embarba Laborda está acusada de blanqueo, negociaciones prohibidas y un delito contra la Hacienda pública, imputaciones por las que el Ministerio Fiscal pide para él 11,5 años de prisión, tres de inhabilitación para desempeñar cargos o empleos públicos, una multa de 9.522.000 euros y una indemnización de 352.000 euros.

Ha declarado que compró una casa en la República Dominicana junto con su entonces esposa, María Victoria Pinilla, con un coste de 100.000 pesetas y "más o menos" la pusieron a nombre de su hijo Víctor para no declararla como propia.

Asimismo, no ha negado que el empresario Julián de Miguel, propietario de la empresa Aranade, le abonó 200.000 euros por una operación, puntualizando que "nunca" le ha visto dar dinero a nadie.

"Me han pagado" una deuda con la Agencia Tributaria por una irregularidad en su declaración de la renta, que data de 2005, ha indicado, mencionando a su padre y varios amigos.

Asimismo, ha reconocido que cuando la Policía Nacional registró su vivienda, en marzo de 2009, hallaron 55.000 euros, apuntando que 18.000 eran de la empresa de su hijo Víctor, sin aclarar la procedencia del resto, como tampoco de otros 378.000, una cantidad sobre la que también ha manifestado desconocer si eran de su exmujer, ya que entonces llevaba entre cuatro y cinco años sin relación alguna con ella, vivienda en zonas separadas de la antigua vivienda conyugal, en La Muela.

"Sí" abonó 116.602 euros a la inmobiliaria El Raso en dinero B, ha admitido, para después apuntar que fue Julián de Miguel quien realizó los trámites para comprar unos terrenos al lado de su vivienda. Embarba Laborda ha dejado claro que no conocía a los titulares de la empresa Brocover, comentando que conoció a uno de ellos en 2009, en el traslado desde el calabozo de la Policía Nacional al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Almunia de Doña Godina, cuyo titular, Alfredo Lajusticia, ha llevado a cabo la instrucción.

También ha relatado que vendió tres terrenos de su propiedad, uno de su madre por más de 1,1 millones de euros, otro en la promoción de URCAMUSA Norte y una parcela de 60 olivos en La Muela a Sagain por 700.000 euros. Ha subrayado que "siempre" ha ayudado a sus hijos en sus actividades económicas.

BLANQUEO

Tras esta declaración, ha sido el turno de los hijos del matrimonio Embarba-Pinilla, Juan Antonio, Jorge y Víctor. La acusación pública pide para ellos, por delitos de blanqueo, cuatro años de prisión y una multa de un millón de euros para Jorge y tres años y 600.000 euros de multa para los otros dos.

Juan Antonio Embarba Pinilla ha expuesto que sus padres le hicieron varios regalos, "algún coche, viajes", y no ha podido justificar el origen de 256.000 euros que fueron ingresados en sus cuentas.

Su hermano Jorge se ha mostrado de acuerdo con los hechos que se le imputan, según ha respondido a la letrada Cristina Ruiz Galve. No ha desvelado el origen de los 755.121,84 euros hallados en sus cuentas corrientes ni de las compras realizadas por valor de 259.559 euros.

Víctor Embarba Pinilla ha asegurado que "hemos manejado dinero y nos hemos dejado", añadiendo que sus padres le donaron dinero. Ha hecho notar que Hacienda le ha inspeccionado su empresa y está "inmaculada".

Por su parte, la hermana de la exalcaldesa, María Dolores Pinilla ha reconocido como válido el informe de la Policía Nacional que indica que se le encontraron 45.000 euros sin justificar y ha agregado que recibió otra cantidad, que no ha precisado, en 2004 o en 2005 procedente de la venta de un terreno de su madre.

"jamás" intentó influir

También ha prestado declaración el apoderado de la empresa Brocover, Miguel Ángel García Casillas, acusado de blanqueo y con una petición de un año y medio de cárcel y 200.000 euros de multa, quien ha negado haber entregado dinero o bienes a la exalcaldesa ni a ningún funcionario.

Tampoco ha dispuesto de información privilegiada y "jamás" ha intentado influir en la entonces alcaldesa. Ha reconocido como ciertas las conversaciones telefónicas intervenidas por la Policía Nacional durante la investigación y que estas conversaciones contribuyen a su "imputabilidad".

Joaquín García Cayado, quien se enfrenta a una petición de 1,5 años de prisión y una multa de 230.000 euros por cohecho, ha señalado que no hizo regalos a la alcaldesa ni a nadie ni recibió trato de favor, subrayando que María Victoria Pinilla siempre negaba tener ningún interés, y del mismo modo se ha pronunciado Miguel Cabrera Cobos, otro acusado.

Emilio París Cester, a quien la fiscal pide 2 años de prisión y 22.000 euros de multa por cohecho, ha negado los hechos que se le imputan, aunque inicialmente se había adherido al "proyecto de acuerdo" con el Ministerio Fiscal. Ha aseverado que nunca pagó para recibir una adjudicación.

El empresario Laureano Gimeno y Antonio Gimeno Melús, presuntos autores de sendos delitos contra la Hacienda Pública por los que podrían ser sancionados con 18 meses de prisión, han pagado su deuda con Hacienda por una declaración realizada de forma incorrecta sobre la compra por parte de la familia Embarba-Pinilla de una propiedad valorada en 661.013 euros.