La CIG prevé firmar en los próximos días el acuerdo adoptado respecto al último Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Freiremar, por el que se ha convenido para unos 200 trabajadores en toda España —entre 80 y 90 en Vigo— 35 días de indemnización con un límite de 18 mensualidades y un plazo máximo de nueve meses para afrontar el pago mediante la venta de activos.

Se trata de una deuda por parte de la empresa que, según ha trasladado la CIG en una rueda de prensa este miércoles, asciende a "no menos de ocho millones de euros", entre los pagos de las indemnizaciones, salarios —"en muchos casos superiores a las indemnizaciones"—, liquidaciones y cantidades dictadas en resoluciones judiciales.

El responsable de Fgamt en la CIG, Xosé Fernández Piñeiro, ha explicado que el acuerdo incluye de cara a liquidar las deudas, un contrato en una nave de Mercamadrid y la puesta a disposición inmediata para su venta de las naves de Valencia y Murcia. Además, "en el supuesto de que estas ventas no cubriesen, tendrían que iniciarse ventas de otros activos de Freiremar S.A.", ha añadido.

La asamblea del sindicato aprobó la propuesta, pero prevé hacer un escrito con algunos "matices", que pasan por que se estipule que se restablecerá la cotización en la Seguridad Social para que puedan tener la prestación por desempleo que perdieron cuando fueron readmitidos; y por que les entreguen las nóminas cobradas —de los meses de septiembre, octubre y noviembre—.

Además, en lo relativo a Vigo, ha recalcado que tienen "casi 40 sentencias ganadas" por impagos de vacaciones y diferencias en las pagas extra y salariales, por lo que piden que sean "abonadas ya" al no tener "nada que ver con los salarios adeudados". Finalmente, sobre las vacaciones y pagas extra ha recalcado que piensan "pelearlo" e instar al administrador concursal a que certifique "todas estas deudas".

Dos eres

Fernández Piñeiro ha recordado que en noviembre de 2013 la empresa llevó a cabo un ERE de carácter extintivo que afectó a más de 300 trabajadores en toda España. Sin embargo, una sentencia judicial lo declaró nulo, obligando a Freiremar a reincorporar o indemnizar a los trabajadores, si bien recurrió la resolución.

Posteriormente, la compañía planteó un segundo ERE que afectaba a más de 200 trabajadores —los otros 100 llegaron a acuerdos individuales—, pero los tribunales le obligaron a readmitir a los empleados, con efecto retroactivo desde octubre de 2014. Así, según la CIG, desde septiembre de este año la compañía empezó a abonar los salarios, pero no afrontó los de los meses anteriores.

En este marco, la empresa y los sindicatos iniciaron una negociación, que concluyó sin acuerdo porque la empresa planteaba que se necesitaban 15 meses para poder vender las propiedades para "poder ir pagando". No obstante, los sindicatos se negaron y se plantaron en un máximo de nueve meses, propuesta que finalmente fue la acordada y ratificada por la asamblea de la CIG.

En opinión de Fernández Piñeiro, este cambio en la opinión de la empresa responde a que necesita "ganar imagen" de cara a posibilitar que en la próxima junta de acreedores pueda "llegar a un acuerdo y salvar algo de la flota y alguna actividad, fundamentalmente en Las Palmas".