El Consejo de Gobierno ha autorizado, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, un Decreto-ley por el que se establece un aplazamiento, hasta diciembre de 2018, de la devolución de 107 millones de euros en subvenciones a la Comunidad por parte de los ayuntamientos de la Región.

Se trata de subvenciones concedidas por la Comunidad a los municipios y que estos no pudieron ejecutar debido a la crisis económica, por lo que, en 2011, la Comunidad ya les ofreció una prórroga para su devolución que acaba el 31 de diciembre de este año, según ha informado la portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, en la rueda de prensa posterior al Consejo.

El objetivo de esta medida es "contribuir a mejorar la liquidez de los ayuntamientos por medio de este nuevo aplazamiento, que supondrá un importante ahorro de 12 millones de euros en intereses para todos los municipios de la Región". Esta medida se presenta como Decreto-ley con el fin de ofrecer "una mayor seguridad jurídica a los ayuntamientos", según Arroyo.

La portavoz del Gobierno regional ha recordado que esta medida ya se incluyó en la Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2016 pero, ante el retraso en su tramitación en la Asamblea Regional, el Gobierno regional ha decidido presentar este Decreto-Ley, que "entrará en vigor inmediatamente tras su publicación".

El objetivo del Gobierno regional es "garantizar a los ayuntamientos la liquidez que necesitan y las inversiones que estaban previstas para favorecer a sus vecinos". Asimismo, ha destacado que esta medida "facilita la colaboración entre administraciones públicas", puesto que la intención de la Comunidad es "estar cerca de los ayuntamientos".

La portavoz del Gobierno regional ha explicado que, en principio, el Ejecutivo está trabajando para que se cumpla el calendario aprobado por la Asamblea Regional para sacar adelante los Presupuestos de 2016, aunque le parecía "mucho más importante" que se aprobaran las cuentas antes de que finalizara el presente año.

No obstante, ha lamentado que ha habido un "bloqueo permanente" y "no se ha tenido en cuenta realmente los argumentos que benefician a todos los murcianos, y sí una estrategia política y partidista de cara a las elecciones por el resto de grupos parlamentarios".

Arroyo ha asegurado que el Gobierno regional, "sin duda", actuará "rápidamente, con firmeza y con contundencia" si "surge algún problema que pone en una situación extrema a las personas y los ayuntamientos que dependen de este Gobierno".

Ha defendido que el Gobierno regional "así lo ha hecho" cuando ha detectado "la situación a la que nos llevaba la aprobación de los Presupuestos a finales de enero de 2016" y al comprobar la situación que "perjudicaba a todos los ayuntamientos de la Región de Murcia".

Recuerda que los ayuntamientos tenían que devolver 107 millones de euros el 31 de diciembre de 2015, y los alcaldes "estaban preocupados independientemente del color político", por lo que ya habían transmitido "la necesidad de aplazar la devolución y la justificación de las subvenciones".

Por ello, el Gobierno regional ha procedido a aprobar el Decreto Ley que "entrará en vigor inmediatamente" y "permitirá que se devuelvan los 197 millones de euros a finales de 2018", procurando asimismo un ahorro de 12 millones de euros para el conjunto de los consistorios.

"El Gobierno regional está demostrando que, por encima de todo, están los ayuntamientos, los murcianos y esas medidas que nos benefician a todos". Y ha remarcado que están "por encima de las encuestas electorales del 20 de diciembre y de cualquier otro asunto electoral".

Por último, Arroyo ha remarcado que el Gobierno regional tiene una vocación "claramente municipalista" en los próximos Presupuestos regionales y "retoman importantes partidas para mejorar la calidad de vida de todas las personas".

Arroyo ha recordado que los Presupuestos de 2016 también van a "reforzar" los servicios que el Gobierno regional presta a todos los municipios de la Comunidad, como es el caso de la mejora de la asistencia sanitaria, el incremento de la calidad de los centros educativos, el avance en las comunicaciones; el fomento del empleo local; el programa de incentivos empresariales o las ayudas de recuperación del patrimonio.