El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha señalado este miércoles que el archivo de la causa abierta sobre la adjudicación de minas de Aznalcóllar (Sevilla) ha fortalecido, sin duda, la "credibilidad" de la administración autonómica y ha confirmado que todo el procedimiento fue "impecable y transparente". Desde partidos de la oposición, se ha calificado el procedimiento de adjudicación de "electoralista" y de una "chapuza".

Sánchez Maldonado ha comparecido ante el Pleno del Parlamento a raíz de que el pasado lunes se conociera que la juez de Instrucción número 3 de Sevilla había archivado la causa abierta sobre la adjudicación a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar, en la que estaban imputadas siete personas, al entender que "el procedimiento observado ha sido el correcto" y que no se puede apreciar que se haya cometido un delito de prevaricación.

En el auto, la magistrada decretó el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones iniciadas el 2 de marzo de 2015 y precisó que "deberá ser la jurisdicción contencioso-administrativa la que resuelva los aspectos que son objeto de impugnación por las acusaciones".

Tras ese auto judicial, el Consejo de Gobierno volvió a nombrar a María José Asensio Coto, una de las siete personas imputadas, como directora general de Industria, Energía y Minas.

Asimismo, el consejero ha anunciado este jueves que la Junta ya ha entregado las llaves a la sociedad adjudicataria de la explotación de la mina de Aznalcóllar y estima que la explotación comience a finales de 2016 o inicios de 2017, una vez que concluya el período de investigación.

Ante el Pleno de la Cámara, ha manifestado que el archivo de la causa judicial le ha producido una honda satisfacción, porque restituye la honorabilidad de los miembros de la comisión técnica y de la mesa del concurso, así como de todos los empleados públicos y de la directora general de Industria, Energía y Minas, y porque este paso "fortalece la credibilidad de la Junta, cuya actuación ha sido impecable y transparente en todo y en cada uno de los eslabones de la cadena del concurso internacional".

Sánchez Maldonado ha defendido que el procedimiento que se llevó a cabo para la adjudicación de minas de Aznalcóllar fue "innovador" y consensuado, sin precedentes en el resto del Estado. Ha indicado que todo el proceso se desarrolló con las máximas garantías que se pueden exigir a un proceso de este tipo.

Ha indicado que se ha seleccionado el mejor proyecto posible, confiado en todo momento en el criterio de los técnicos de la administración. "El esfuerzo ha merecido la pena y hemos marcado un hito en la historia de la gestión minera en España", ha señalado el consejero, quien ha puesto en valor el trabajo de los empleados públicos de la Junta.

Intenciones "electoralistas"

Por su parte, el diputado del PP-A Jaime Raynaud ha criticado la decisión que adoptó la Junta sobre la paralización del proceso de adjudicación de la mina, antes de conocer la sentencia, y que ahora ponga el "ventilador" para echar la culpa de todo a la oposición y tratar de "ocultar y camuflar sus propias incompetencias". Ha denunciado las intenciones "electoralistas" de la Junta con el procedimiento de adjudicación, plagado de "irregularidades".

La diputada de Podemos Mercedes Barranco ha indicado que quien "adjudicó de mala forma" y decidió paralizar la adjudicación de la mina que "asuma ahora sus consecuencias", en referencia a la Junta, y ha denunciado que el procedimiento fue "electoralista y escaso de transparencia". Ha indicado que las cosas no quedan ni mucho menos resueltas con el auto judicial, porque "los problemas ambientales siguen ahí y el Gobierno andaluz no los ha resuelto".

El parlamentario de Ciudadanos José Antonio Funes ha dicho que "es lícito" que la Junta saque pecho tras el archivo de la causa y ha confiado en que también esté dispuesta a rendir cuentas ante la Cámara cuando haya resultados en otros asuntos que no sean favorables. Ha indicado que su grupo se alegra sinceramente del resultado, porque quieren que la cosas marchen bien. Ha criticado que la Junta decidiera la paralización de la adjudicación del concurso.

El portavoz de IULV-CA Antonio Maíllo ha criticado el adelanto "claramente electoralista" en la adjudicación de la mina que llevó a cabo la Junta y el posterior anuncio de paralización "que no estaba obligado por ninguna instrucción" y que realmente no se produjo, con lo que ha denunciado que se hizo una "chapuza política". Ha puesto el acento en que la Junta convierte en algo extraordinario algo que debe ser normal en una administración, como es "que no haya dudas de la legalidad".

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha lamentado que partidos de la oposición no hayan tenido la "decencia y humildad" de haber reconocido que se equivocaron y que metieron la pata con este asunto y que no hayan "pedido perdón" porque les falta "altura de miras y capacidad política". Tras indicar que la resolución judicial pone las "cosas en su sitio con claridad", ha denunciado la política "carroñera" del PP-A, la que "le falta capacidad política y escrúpulos" y vio una oportunidad de hacer "daño" a la Junta.