La Guardia Civil, tras tener conocimiento por parte de ciudadanos sobre una serie de casetas ilegales ubicadas en el espacio protegido del archipiélago Chinijo, en Lanzarote, donde presuntamente varias grupos de personas hacían diferentes actividades de marisqueo ilegal, acampada y fiesta nocturnas con fuego incluido, realizó varios servicios en los que comprobaron los hechos e identificaron a las personas. Esto motivó la denuncia de la Benemérita a 10 personas por diferentes infracciones a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

En concreto, el presunto uso ilegal realizado en la citada zona motivó que diferentes unidades de la Guardia Civil identificasen a 10 personas que "estaban realizando una acampada ilegal en esa área, actividad totalmente prohibida por tratarse de un espacio natural protegido", según informó la Benemérita en nota de prensa.

Al respecto, los agentes indicaron que en la mayoría de los casos, estas personas se desplazaban a la zona con diversos grupos electrógenos proporcionando electricidad a diferentes equipos de música para realizar fiestas nocturnas, pernoctando en el lugar y abandonando "casi siempre" los residuos generados en el mismo sitio.

Estas actividades, añaden, generan un "importante menoscabo" a una zona considerada de especial protección para las aves, especialmente la pardela cenicienta.

Por este tipo de acciones, la Guardia Civil realizó 14 denuncias administrativas por diferentes infracciones a la mencionada Ley de Costas, concretamente a los artículos 90 apartado c, 91 apartados a y b, que sancionan respectivamente la ejecución no autorizada de obras e instalaciones en el dominio público marítimo-terrestre, la acampada u ocupación del dominio público marítimo-terrestre y los vertidos de residuos en esa zona.

Estas denuncias son tramitadas por la Dirección General de Costas y pueden conllevar sanciones económicas de entre los 300 y los 300.000 euros, dependiendo de varios factores como el daño ocasionado al medio natural.

Finalmente, la Guardia Civil ha remitido las actuaciones la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), órgano encargado en Canarias de la disciplina urbanística y ambiental, para proteger el medio ambiente para que valore el posible derribo de esas estructuras.