El consejero municipal de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha alertado de que no quedan partidas en el presupuesto de 2015 para pagar los servicios municipales básicos obligatorios porque "al estar infradotadas ya se han agotado a fecha de hoy", ha precisado.

Entre los pagos pendientes figuran los 4 millones del suministro de agua procedente de Yesa y en el presupuesto se habían contabilizado 3 millones para todo el suministro a la ciudad, además el último pago se ha efectuado en septiembre de 2014; en alumbrado público la partida del presupuesto asciende a 4,7 millones y resta por pagar 4,4 millones y el último abono ha sido en agosto de 2014.

La electricidad en los equipamientos municipales se ha presupuestado en 19,5 millones de euros y faltan por abonar 2,4 millones después de que a mediados del pasado septiembre se realizara el último pago; a la concesionaria del autobús (AUZSA) se le presupuestaron 51,2 millones y tiene pendiente de recibir 6 millones desde que en septiembre de este año recibiera el última desembolso.

En el contrato de limpieza pública se consignaron 35,1 millones de euros y faltan por pagar 8,8 millones de euros y el último pago data de agosto de este año, al igual que en la recogida de residuos donde se han presupuestado 14,7 millones y faltan por pagar 3,7 millones o los 9,9 millones que figuran para la explotación del complejo de residuos urbanos pero falta por abonar 3,5 millones.

En total, a fecha de noviembre de este año suman algo más de 37 millones de euros, pero faltarían certificaciones y facturas de este mes y de diciembre por lo que la cifra final se correspondería con la reflejada en la auditoría interna que llegaba a los 55 millones de euros, ha apostillado Rivarés.

En rueda de prensa, ha arremetido contra estas "malas prácticas de infradotar las partidas de los presupuestos porque las deudas se acumulan de un año para otro y es insostenible financieramente" para dejar claro que algunas partidas pendientes datan de 2012 y desde entonces "se han ido arrastrando".

Tras aseverar que "esto hay que pagarlo", ha dicho que "algo habrá que hacer porque almacenar impagos genera más deuda con más intereses y en algún caso sentencias condenatorias para el Ayuntamiento" para recordar los 45 millones de euros que se deben pagar este año por ese concepto.

Mantener los servicios

"Vamos a mantener los servicios públicos sin perjuicio para la ciudadanía", ha declarado Rivarés para apuntar que los técnicos municipales estudian las partidas de las que se podría extraer una parte para afrontar estos pagos, como los 200.000 euros de gastos de representación de Alcaldía, los 50.000 euros de ahorro del coste del belén de la Plaza del Pilar, o los alrededor de 200.000 euros menos que han costado las Fiestas del Pilar.

Otra vía para afrontar estos pagos sería la reforma organizativa de las sociedades y patronatos del Ayuntamiento para que sea más reducida y también "cambiar la forma de trabajar". Además se renegocia la deuda de las contratas para lograr un aplazamiento en el caso de FCC y AUZSA, ha citado el consejero municipal, al igual que la renegociación con el BBVA por la deuda de Zaragoza Alta Velocidad (ZAV) que "va bien", se ha limitado a indicar.

"Tiene que haber modificaciones de crédito, pero ya veremos cómo" ha manifestado para recordar que ya se ha aprobado una por importe de 4,4 millones de los que 1 millón ha sido para el alumbrado público, el gas "que lo hemos dejado al día" y el resto para ayudas sociales.

A colación ha reclamado al Gobierno de Aragón los 40 millones de euros que adeuda al Ayuntamiento del tranvía del periodo 2013-15, que la Ley de capitalidad "esté dotada de algún dinero para que sea creíble como la cuantía que reclamaba el anterior gobierno municipal" que eran 50 millones de euros.

Finalmente, se ha preguntado "cómo se pone remedio a este desmadre financiero con las ordenanzas fiscales aprobadas inicialmente", que suponen una recaudación de 3,5 millones más de ingresos que este ejercicio frente a los 19 millones que el equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) defendía en un principio y que luego rebajó a 8 millones.