El consejero vasco de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, ha reconocido este miércoles que los 461 millones de euros presupuestados para Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) este año no han sido "suficientes" para cubrir la demanda de estas ayudas, pero espera que la mejora económica reduzca el número de demandantes y que la partida prevista para el próximo año —que cuenta con la misma cantidad— sea suficiente.

Toña ha comparecido ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento vasco para presentar las principales líneas presupuestarias de su departamento, que pasa de contar con 1.035 millones, a un total de 1.085,8 millones presupuestados para el año 2016, un 1,46 por ciento más. "Las Cuentas tienen un marcado carácter social, volcadas en todo lo que implica el cumplimiento de las prestaciones sociales y el empleo", ha indicado.

En este sentido, ha manifestado que a pesar de las mejores perspectivas económicas, "miles de personas seguirán en situaciones de dificultad, por lo que necesitarán apoyo por parte de las instituciones". "Precisamente esa será la guía que rija las actuaciones a desempeñar por las diferente áreas que conforman el Departamento de Empleo y Políticas Sociales durante el próximo año", ha subrayado.

Según ha explicado, el presupuesto tiene como objetivo, entre otros, cubrir las dotaciones previstas de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), para lo que se destinan 461 millones, y mantener las Ayudas de Emergencia Social (AES) que este año cuentan con una partida de 22 millones de euros, la misma cantidad de este año.

La RGI es una prestación mensual dirigida a personas que no disponen de ingresos suficientes para hacer frente a los gastos de las necesidades básicas y el Gobierno vasco tiene la obligación de incrementar la partida si el presupuesto se agota al estar contempladas como derecho subjetivo en la normativa actual.

Ante las críticas de los grupos afirmando que la partida destinada a la RGI y PCV no va a ser suficiente, Toña ha reconocido que el avance de la liquidación del presupuesto de 2015 se puede ver que los 461 millones presupuestados en 2015 "no han sido suficientes", pero ha defendido que "esto no quiere decir que no vaya a serlo para el 2016".

"Afortunadamente, este país está creciendo, generando una riqueza, y entendemos que esta mejora económica puede traducirse en menores niveles de solicitudes de RGI, como así viene sucediendo en los últimos meses", ha señalado.

Por otro lado, ha recordado que se trata de un derecho subjetivo, por lo que si la partida queda "insuficientemente dotada, se atenderá" porque "no hay otra forma de atender un derecho subjetivo que hacerle frente".

Nueva ley de vivienda

También deberá dar cobertura a la Prestación Económica de Vivienda, recogida en la nueva Ley vasca que fija como derecho subjetivo el acceso a un piso en propiedad o a la citada prestación sustitutoria, a todos quienes acrediten esta necesidad.

En este sentido, el consejero ha explicado que la ley aprobada ha establecido un calendario gradual de implantación del derecho subjetivo de la Vivienda y ha señalado que el presupuesto de 2016 está previsto para hacer frente a la demanda existente en estos momentos y que cumple los requisitos establecidos.

No obstante, ha precisado que el objetivo futuro del Gobierno será el de "satisfacer el derecho subjetivo a la vivienda a través de la puesta a disposición de un inmueble y no mediante el pago de una ayuda".

El gasto conjunto del área de Vivienda se incrementa un 2,9 por ciento al alcanzar los 256,7 millones de euros, frente a los 249,4 millones del presupuesto de 2015.

El presupuesto deberá responder también al acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas (CVF) donde se posibilita la creación de un fondo que se destine a los municipios vascos para financiar en 2016 proyectos relacionados con los "servicios no estabilizados" que engloba, tanto los servicio nuevos, como los escasamente desarrollados.

En el citado acuerdo del CVF, se contempla también constitución de un fondo de 10 millones de euros para el despliegue del Sistema Vasco de Servicios Sociales para el que los presupuestos destinan 7.040.000 euros. El resto será aportado por las Diputaciones forales.