El presidente del Consello Consultivo de Galicia, José Luis Costa Pillado, ha anunciado que difundirá la labor asesora del órgano entre las entidades locales en vista de que no solicitaron su ayuda en ninguna ocasión en el último año y ha pedido a la Xunta que cambie la ley aprobada en 2014 para que le puedan demandar informes de forma directa.

En la comisión parlamentaria en la que los distintos departamentos y órganos estatales informan de sus cuentas para 2016, Costa ha detallado el limitado presupuesto del Consultivo, que registra un incremento del 0,95% en relación con los recursos de los que disponía en el ejercicio anterior, cuando gestionó poco más de 2 millones de euros.

En este escenario, también ha aprovechado para hacer balance de su actividad en el último año y ha constatado una reducción de más de un centenar de asuntos abordados, al pasar de 748 a 629. De ellos, 296 se correspondieron con revisiones de oficio y 255 con informes sobre responsabilidad patrimonial.

El órgano asesor dictaminó también sobre 40 proyectos de decreto, dos leyes, dos proyectos de orden y dos recursos de inconstitucionalidad. Además, elaboró a petición del Gobierno el proyecto de ley que regula la financiación de los partidos en Galicia, de acuerdo con la nueva competencia adquirida el pasado año.

Y es que fue en abril de 2014 cuando la Cámara aprobó la modificación de la norma del Consultivo, que Costa ha agradecido, con sus nuevas funciones. Con todo, ha manifestado su "extrañeza" por el hecho de que ninguna administración, sobre todo del ámbito local, recurriese al órgano asesor para que le ayudase a resolver conflictos jurídicos de relevancia.

Modificar la ley

Así, aunque ha ligado el descenso de la actividad del Consultivo a que se ha excluido su participación en "asuntos de menor importancia" —anteriormente casi "el 70%" de su actividad se ceñía a cuestiones "menores" como responsabilidades patrimoniales por daños de vehículos o caídas de peatones por el mal estado de las aceras, por ejemplo—, sí se ha mostrado preocupado por el hecho de que no se recurra al órgano para que informe en conflictos jurídicos, especialmente en el ámbito local.

El presidente del órgano asesor lo ha atribuido al "desconocimiento absoluto" por parte de las entidades locales de que pueden dar este paso y ha explicado que propuso a la Presidencia de la Xunta cambiar la ley aprobada en 2014 en el apartado relativo a que pueden solicitar informes al Consultivo al entender que el artículo es "ambiguo" y el procedimiento "complicado".

La regulación actual determina que los ayuntamientos que quieran recurrir a este servicio a día de hoy deben remitir la petición al presidente de la Xunta para que éste valore o no "si es trascendente" para los intereses de la comunidad. Lo que pide Costa es que se modifique la norma para que los ayuntamientos puedan enviar la solicitud de dictamen directamente al Consultivo.

También que en la propia ley se estipulen "cuáles son los supuestos" que permitirán entender que el asunto es de interés general.

Defensa del órgano

Costa ha defendido las partidas reservadas para el Consultivo, que registra un incremento del 2,4% en gastos de personal, una bajada del 6,23% en gastos corrientes y no varía los recursos del capítulo de inversiones, con la convicción de que son "justificables, necesarias y justas" para las labores que le están encomendadas.

Del mismo modo, ha destacado la rebaja de la partida comprometida para gastos de representación —de 24.000 a 14.000 euros, un 41,67% respecto al presupuesto del año anterior— y ha dado las gracias a todos los grupos por su rechazo a la iniciativa de la diputada del Grupo Mixto Carmen Iglesias de eliminar en el Consultivo, que contó con el único voto a favor de ésta en el último debate de política general.

Por su parte, las diputadas de BNG Tereixa Paz y AGE Yolanda Díaz han ratificado el compromiso de sus respectivos grupos con este órgano, cuya actividad han agradecido y han destacado que sus gastos son "reducidos". De hecho, Paz ha incidido en el "leve" incremento de su partida (0,95%) en unos presupuestos que la Xunta "vende como expansivos".

En la misma línea, la popular Paula Prado ha celebrado que en Galicia se haya podido "reforzar" todos los órganos institucionales que velan por "la democracia" en un escenario de crisis económica.

Rifirrafe con méndez romeu

El más crítico con el funcionamiento interno del órgano ha sido el parlamentario socialista José Luis Méndez Romeu, quien ha criticado la organización y, en concreto, que la ley de partidos fuese elaborada de un modo "sorprendente e inédito", al encomendar su elaboración a "un reducido número de personas" y "sustrayéndolo" del conjunto de vocales del órgano, detrás de lo que ha sugerido intereses partidistas.

"Claro que es inédito porque es la primera vez que se hace", ha replicado Prado, quien ha respondido al socialista que la ley determina que los proyectos legislativos deben ir "a la comisión de estudios y no al pleno". "Es lo que dice la ley y no fue enmendado en su día por el PSOE", ha remarcado, mientras que Méndez Romeu replicó en alto que a donde no deben ir es "a una célula del partido de gobierno".

En su turno, el presidente del Consultivo ha admitido sentirse "ofendido" con las palabras del parlamentario socialista. "Usted no me conoce de nada", ha manifestado, antes de reivindicar su trayectoria como magistrado y de pedir que las "críticas" se centren en las resoluciones del órgano asesor, no en la "organización" interna.

Así, ha explicado que él apuesta por el criterio de "especialización" y que los letrados trabajen en los asuntos que conocen, una cuestión apoyada "por unanimidad" de los integrantes del órgano. "No es una cuestión de política, sino de eficacia", ha apostillado.

En relación con la ley de partidos, ha rechazado que la redactasen "un par de señores" y ha reiterado, como Prado, que la norma reguladora del Consultivo determina que debe abordarlo la sección de Estudios, en la que estaba —ha recordado— como conselleiro nato el socialista Emilio Pérez Touriño.

"Si paso el asunto al pleno no tiene voto e iría contra la ley, aquí sí y lo ejerció", ha recordado, para añadir que "lo normal" es que una persona que "no es jurista" no se encargue de redactar el texto de la ley.

Dicho esto, ha negado que el socialista "desconociese" el contenido de la ley. De hecho, ha apuntado que fue el único que hizo un voto particular, cuestión que, a su juicio, "ni procedería", porque el órgano en este punto no actúa como "asesor ni consultor", sino únicamente de "auxiliar" de lo que pide el Gobierno, sometiéndose "a los criterios y objetivos" que éste determina. "No inventamos nada", ha zanjado.