El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha analizado este martes el decreto de creación de Parque de Viviendas de Emergencia Social (PVES), compuesto por 300 viviendas, que contempla además la reserva del 5% de cada nueva promoción pública en régimen de alquiler a personas que atraviesan situaciones de especial necesidad.

El decreto introduce, además, un cambio en los criterios de adjudicación de viviendas para ofrecer con mayor agilidad una casa a quienes más lo necesiten, ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno la presidenta regional, Cristina Cifuentes.

Así, ha explicado que tras el análisis del contenido por parte del Consejo de Gobierno del Decreto por el que se crea el Parque de Viviendas de Emergencia Social de la Comunidad de Madrid y se regula el proceso de adjudicación de viviendas de la Agencia de Vivienda Social, el texto iniciará su tramitación administrativa, durante la cual se someterá a un periodo de información pública y recibirá los informes preceptivos de las Secretarías Generales Técnicas y de la Abogacía General de la Comunidad. Al final de este proceso, el texto será aprobado definitivamente por el Consejo de Gobierno.

Cifuentes ha recordado que "ya en el primer acto público de la pasada campaña electoral, celebrado concretamente en San Sebastián de los Reyes", presentó un decálogo de compromisos "irrenunciables si obtenía el apoyo de los madrileños".

"El decreto es una herramienta para reforzar el carácter social de la vivienda pública", ha dicho. "Es acorde con una nueva realidad, que nos demanda más rapidez para hacer frente a la exclusión residencial, y un tratamiento adecuado a las necesidades de colectivos con una problemática muy específica", ha añadido.

En línea con este criterio, ha apuntado que la medida número 113 de su programa electoral recogía el compromiso de "crear un parque de Viviendas de Emergencia Social, para atender temporalmente a familias que están atravesando situaciones de grave dificultad".

Para Cristina Cifuentes, el Decreto analizado por el Consejo de Gobierno convierte en realidad ambos compromisos, porque crea el Parque de Viviendas de Emergencia Social y, además, actualiza la normativa de acceso a las viviendas públicas de la Comunidad de Madrid, "contemplando nuevas situaciones y flexibilizando los requisitos para dar respuesta a colectivos que por sus circunstancias necesitan un tratamiento especial, como las víctimas de la violencia de género".

En cuando a la fórmula de adjudicación de estas viviendas, se ha establecido un nuevo sistema, denominado 'Procedimiento excepcional de Emergencia Social' que, según Cifuentes, "aporta la agilidad necesaria para dar respuesta inmediata a situaciones urgentes".

La adjudicación por este procedimiento de Emergencia Social se hará a favor de personas o familias en situación de grave dificultad en los casos de desahucio de la vivienda que constituye la residencia habitual y permanente del interesado, cuando se produzca como consecuencia de una disminución sobrevenida de los ingresos de la unidad familiar y exista fecha de lanzamiento inminente por resolución judicial; residencia en infraviviendas cuando concurran situaciones de dependencia o problemas de salud graves derivados o agravados por la situación de la vivienda, y acontecimientos extraordinarios que sitúen a los afectados en situación de exclusión residencial, como atentados, derrumbes de edificios y situaciones similares.

Para resultar adjudicatario por el procedimiento excepcional de emergencia social de viviendas integrantes de este Parque, se exigen determinados requisitos, que se flexibilizan en casos muy concretos, como los que pueden afectar a las mujeres víctimas de violencia de género, o al cónyuge al que no se le haya adjudicado el uso de la vivienda que constituía la residencia familiar, en los casos de sentencia judicial de separación o divorcio, ha destacado la presidenta autonómica.

El decreto actualiza también los requisitos para acceder a las viviendas públicas por otros procedimientos de adjudicación existentes, aparte del excepcional de Emergencia y, de manera especial, el procedimiento ordinario mediante baremo por Especial Necesidad. En el caso de las viviendas del cupo de Especial Necesidad, Cifuentes ha indicado que se ha reforzado también su carácter social, incluyéndose en este supuesto situaciones como: lanzamiento inminente de la vivienda; violencia de género, o violencia por razón de raza, orientación e identidad sexual, religión, creencias o discapacidad; residir en infraviviendas o inmuebles sin las necesarias condiciones de habitabilidad, y otras situaciones graves que hagan necesario el cambio de vivienda.

Además, en el caso de las mujeres víctimas de violencia de género, también se flexibilizan los requisitos de acceso. Concretamente, no se les aplicará el requisito de estar empadronadas o trabajando durante un periodo previo de diez años en la Comunidad de Madrid, cuando a consecuencia de la violencia de género se hayan visto obligadas a cambiar su residencia.