El ingeniero Jesús Gómez de las Heras, el primero de los 18 imputados en la causa abierta en el juzgado de Vinaròs (Castellón) que investiga supuestas irregularidades en la tramitación del proyecto Castor, ha manifestado este lunes que desconocía por completo la existencia de riesgo sísmico en la zona. Así lo ha explicado a los medios de comunicación el abogado Jorge Casal, de la Asociación Nacional Arca Ibérica, personado en el proceso como acusación popular.

Gómez de las Heras, que ha comenzado a declarar a las 9.50 horas y ha concluido a la una del mediodía en el Juzgado de Instrucción número 4 de la localidad castellonense -frente a cuya costa se sitúa, inactiva, la planta del Castor-, ha respondido a las diferentes partes a excepción de las defensas, que no han formulado preguntas.

A la salida de los juzgados ha declinado hacer declaraciones y se ha limitado a decir que ha respondido a las preguntas y ha añadido: "Lo que tenía que decir, ya lo he dicho". De las Heras ha sido imputado en su condición de coordinador del informe del Instituto Geológico y Minero (IGM) elaborado en 2007 y que fue remitido al Ministerio para la aprobación del proyecto.

Por su parte, el abogado Jorge Casal ha dicho que el imputado se ha limitado a poner de manifiesto que "él solo informó sobre los extremos que le habían sido requeridos para la elaboración del informe, y que desconocía por completo la existencia de riesgos de sismicidad en la zona".

El letrado ha dicho que en la concesión de las autorizaciones para la inyección de gas del proyecto Castor "es evidente que en el procedimiento administrativo se ha obviado un elemento muy importante, como es la evaluación de los riesgos sísmicos derivados de la actividad".  Preguntado sobre si el imputado se ha referido a si IGM "admitía que no tenía conocimientos suficientes como para valorar qué podía ocurrir si había inyección de gas en el subsuelo", el letrado ha dicho que éste "ha insistido en que no tenía conocimiento porque no se les había facilitado ningún testimonio sobre la existencia de posibles riesgos sísmicos derivados de la inyección".

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Castellón, José Luis Cuesta, ha recordado que la denuncia que presentó la Fiscalía, y que elaboró él mismo, se produjo a raíz de los movimientos sísmicos que se apreciaron en la zona de Vinaròs en octubre de 2013.

Ahora, ha dicho Cuesta, se trata de "reconstruir toda la historia de la tramitación del proyecto y que ha desembocado precisamente en algo que no se debía haber producido y se debía haber hecho una tramitación adecuada".

El fiscal ha explicado que el proceso deberá esclarecer "la responsabilidad en la que han podido incurrir tanto la Administración como posteriormente la empresa".  Asimismo, Cuesta ha indicado que "podría ampliarse el número de imputados" a medida que vaya progresando la investigación.

Al inicio de la declaración del imputado se ha concentrado ante las puertas del juzgado una veintena de miembros de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia.  Su portavoz, Joan Ferrando, ha vaticinado que esta fase de instrucción "tendrá como resultado una sentencia condenatoria y demostrará que se han producido delitos medioambientales" que han "perjudicado" tanto al territorio como a sus habitantes, provocando a estos "daños morales y algunos físicos".

En la causa están imputadas veinte personas, la primera de las cuales ha declarado hoy y le seguirán mañana José Antonio Fernández Sánchez y el jueves, Roberto Rodríguez Fernández, ambos trabajadores del Instituto Geológico Minero.

La Fiscalía es una de las partes personadas junto a dos acusaciones populares -Arca Ibérica y Responsabilidad y Transparencia-, una acusación particular, la Abogacía del Estado en representación de los funcionarios imputados y dos abogados de Escal -uno para su presidente, Recadero del Potro, y otro para el resto de trabajadores de la empresa-.

Tras los más de 400 seísmos que se produjeron en septiembre de 2013 en el entorno del Castor, la Fiscalía acordó incoar de oficio diligencias de investigación penal que han desembocado en la denuncia presentada en diciembre de 2014. La Fiscalía apreció indicios delitos de prevaricación medioambiental y contra el Medio Ambiente y los recursos naturales.

El ministro de Energía, José Manuel Soria, ha dicho este lunes, con motivo de las declaraciones de los imputados en la investigación sobre los movimientos sísmicos en el Delta del Ebro y su posible relación con la plataforma de almacén de gas Castor, instalada en el Golfo de Valencia, que "el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer" en este asunto.

Lo primero que hizo el Gobierno, ha aseverado Soria antes de participar en una reunión con REE, fue declarar lesiva para los intereses del Estado una de las cláusulas del Real Decreto de 2008 que autorizó el almacén y que establecía que, si en algún momento de la vida del proyecto el operador dejaba de operarlo, tenía derecho a indemnización por el valor residual del mismo, aun cuando mediara dolo o culpa.

El ministro de Industria, Energía y Turismo ha añadido que, posteriormente, en septiembre de 2013, cuando, como consecuencia de la inyección del gas colchón en el almacenamiento se detectaron movimientos sísmicos por encima de determinado nivel en la escala Richter, "se ordenó la paralización de esa inyección".