La Agencia de Información y Control Alimentarios va a realizar en los próximos días en Castilla-La Mancha 200 de los 400 requerimientos que va a realizar en todo el territorio nacional para controlar la firma de contratos de compraventa de uva.

Según ha informado en nota de prensa ASAJA, el secretario de esta organización en Ciudad Real, Florencio Rodríguez, se reunió en Madrid con el director de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), José Miguel Herrero, para abordar cómo se está desarrollando la campaña de vendimia en la provincia sobre el cumplimiento de la Ley de la Mejora de la Cadena Alimentaria, en cuanto a existencia de contratos y cumplimiento de plazos de pago.

Herrero comunicó a ASAJA que dentro del Plan de Control 2015 en los próximos días van a proceder a enviar a 200 viticultores de Castilla-La Mancha (400 en toda España) un requerimiento solicitándoles que en el plazo de diez días aporten el resumen de las cantidades de uva entregada, las fotocopias de los albaranes o tickets de báscula y, para los que hayan entregado uva a bodegas privada o cooperativas de las que no son socios, las fotocopias de los correspondientes contratos.

Además, en el escrito recuerdan que es obligatorio que los viticultores sujetos a control envíen la documentación solicitada en plazo para no incurrir en infracciones.

En el comunicado se recoge que en los casos en los que las entregas de uva se hubieren hecho sin contrato, si se determinara, una vez finalizada la investigación, que existe una infracción, la sanción recaerá sobre la parte que no actúe como productor primario, tal como dice la Ley.

AICA también extenderá la investigación a bodegas que hayan comprado uva, con el consiguiente levantamiento de actas y si detectaran infracciones abrirían los oportunos expedientes sancionadores En esta etapa se realizarán controles sobre el terreno en algunas bodegas.

Se comprobarán las liquidaciones y los plazos de pago de la cosecha de uva entregada por los viticultores de la muestra seleccionada en las bodegas receptoras.

Se levantará el acta de control correspondiente, adjuntando al acta la documentación comercial de la operación (liquidaciones o facturas, albaranes de entrega, justificantes de pago y pliego de condiciones, en su caso, de la Denominación de Origen en la que esté enclavada la explotación).

En el caso de incidencias o incumplimientos en los plazos de pago (30 días tras la última entrega de uva) se procederá a realizar la correspondiente propuesta de sanción.

En todo caso, se hubieran o no producido incidencias en los plazos de pago, podrán, en una segunda fase, realizarse controles cruzados en los viticultores, para confirmación de las liquidaciones y pagos efectuados por las bodegas.

Desde ASAJA piden a los viticultores colaboración con el AICA para evitar sanciones y destacan la labor que está realizando este órgano, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, encargado de controlar el estricto cumplimiento de la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria.