La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía realizó, con idea de no tomar "a la ligera" una modificación de estas características, un estudio previo a la propuesta, "realizada por un sindicato" y finalmente aceptada, para cambiar la norma reguladora del horario docente en la Educación Secundaria, de tal forma que éste pasa a ser de un máximo de 25 horas, en lugar de un mínimo de 25.

En una entrevista concedida a Europa Press, la consejera del ramo, Adelaida de la Calle, ha recordado a este respecto la existencia de una disposición que hablaba del mínimo de 25 horas, mientras que una legislación superior básica hablaba de un máximo de este mismo número. "Lo que hemos hecho ha sido adaptarnos", ha precisado.

De la Calle ha reconocido que le "llama la atención" la reivindicación realizada al respecto por algunas centrales sindicales y, en particular, por la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA), que ha logrado que la Fiscalía abra diligencias tras denunciar ante la misma el "caos normativo" en el que, a su juicio, incurre la Junta con esta actuación.

Ante ello, la consejera da cuenta de estos estudios previos, con los que se pretendía "ver cómo afectaba, para poner soluciones antes que nada", con lo que se constató la situación, según la cual en la parte de la dedicación regular del profesorado —"en la que el profesor da clase y el alumno la recibe"— hay una parte de la docencia de 20 horas, alargada desde 18 por decreto de 2012; otras cinco de dedicación reglamentada a aspectos como tutorías o consultas; y hasta 30 horas de permanencia en el centro.

"Ahí se vio que era factible, que no se creaba ninguna catástrofe y que se podía llevar a cabo perfectamente. Lo único que ha habido que hacer es algún arreglo en esas cinco horas de dedicación regular", ha manifestado la titular autonómica de Educación, poniendo el foco en la falta de conflictos, en cuya labor de búsqueda se ha interesado personalmente.

A juicio de De la Calle, este tipo de actuación —aplicada nada más empezar septiembre, puesto que el estudio se hizo durante el verano— supone mejorar las condiciones laborales. En cualquier caso, "daremos uno por uno los informes que pida la Fiscalía, porque hemos estado trabajando codo con codo con la Inspección", ha agregado.

Para la consejera, "no se ha hecho mal". Sí ha remarcado que "la pluralidad hay que entenderla y no siempre llueve a gusto de todos", al tiempo que ha especificado que son los propios centros los que trabajan, en aras de su autonomía, en el ajuste de aplicación de la nueva normativa.