El sistema sanitario de Castilla y León, Sacyl, ha atenido entre el 15 y el 20 por ciento de los casi 15.000 inmigrantes irregulares que perdieron la tarjeta sanitaria por la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, aunque la Comunidad les mantuvo dados de alta en su sistema informático y en la historia clínica.

Así lo ha afirmado el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, durante su intervención en la Comisión de Sanidad en las Cortes de Castilla y León, donde ha explicado que entre el 15 y el 20 por ciento de las 14.994 personas que tenían la tarjeta y que se vieron afectados por esta medida han utilizado los servicios sanitarios en los últimos tres años, fundamentalmente la Atención Primaria, "sin problemas". El consejero, aunque mantiene estos porcentajes, ha concretado que 1.281 personas acudieron a consultas u otras gestiones y 333 demandaron asistencia sanitaria en Urgencias.

Además, el titular de Sanidad, quien ha comparecido a petición del Grupo Socialista para informar sobre esta cuestión, ha cifrado en 85 el número de convenios rubricados con personas en situación irregular para que tuvieran asegurada la asistencia sanitaria en la Comunidad, de los cuales 59 continúan activos en la actualidad.

Sáez Aguado ha asegurado que en Castilla y León "ninguna persona ha dejado de ser atendida por ser o no ser inmigrante irregular" ni en Atención Primaria ni hospitalaria, aunque sí ha reconocido que hubo algunos problemas iniciales que algunas entidades trasladaron a la Consejería y se resolvieron, tras lo que cree que salvo alguna incidencia en algún procedimiento en hospitales, en general, no ha habido problemas.

El titular de Sanidad castellanoleonés ha recordado que el Gobierno de Castilla y León tenía "bien clara" su posición, que había que garantizar la asistencia sanitaria a todos los ciudadanos que vivan en Castilla y León, como establece la Ley General de Sanidad en cuanto a la universalidad de la atención a españoles y extranjeros no residentes, algo que cree que "con carácter general, se ha conseguido".

Para ello, ha explicado que se ha pretendido garantizar esta atención y al mismo tiempo no incumplir el Real Decreto, una posición "no fácil" porque una Administración "seria" no puede incumplir las normas, pero a la vez una "sensible" debe "garantizar la asistencia a quien lo necesita". El consejero ha reiterado que se trataba de hacer "compatible" el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico con la atención sanitaria, algo "no sencillo", y ha rechazado la "insumisión", como ha recordado que ha propuesto alguna vez el PSOE. Además, ha defendido las razones por las que se tomó la medida como asumir la financiación de la cobertura para ciudadanos cubiertos por su país.

Continuidad en la asistencia

Por ello, ha asegurado que a los inmigrantes en situación irregular se les ha proporcionado una continuidad asistencial tanto en Primaria como en Especializada, se les han mantenido las condiciones de prestación farmacéutica con el nivel de aportación que les correspondía, pero además se les han mantenido los profesionales asignados, con independencia de la emisión de tarjeta, algo que corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Antonio María Sáez Aguado ha concretado que las instrucciones iniciales que se dieron en los centros de salud fue mantener dentro de las bases de la historia clínica a estas personas, asignar médicos y enfermeras y la continuidad de las posibles pruebas o derivaciones a Especializada que precisaran. Además, a los que no estaban registrados en el sistema anteriormente se les ha prestado atención, "por supuesto" en las condiciones que establecía el Real Decreto y hasta el alta médica, como se recoge en la normativa, aunque se ha interpretado esta "alta" cuando el problema de salud se resuelve y no tras una atención urgente o un periodo de tiempo.

Paralelamente, ha explicado que se mantuvieron contactos y reuniones con asociaciones de atención a inmigrantes, fundamentalmente irregulares, como la Red de Lucha contra la Pobreza, Accem, Cruz Roja, Cáritas o Burgos Acoge, por ejemplo.

El "resultado final", según el consejero, ha sido que en Castilla y León ninguna persona ha dejado de ser atendida por su condición de inmigrante irregular y se ha procurado garantizar la asistencia por una razón "obvia" como es que cualquier persona tiene que tenerla "con independencia" de que a continuación se evalúe si tiene residencia sanitaria en otros países o su situación económica.

En cuanto a las novedades que pretende introducir el Ministerio de Sanidad respecto a esta cuestión, con unos criterios mínimos para la atención de extranjeros no residentes, considera que se pretende hacer más "homogénea" la asistencia sanitaria, por lo que tiene el apoyo de la Comunidad.

Sáez Aguado ha insistido en que desde el punto de vista de los "resultados", estos han sido "razonablemente buenos", sin que se conozcan déficit y ni "sobre todo" negativas a ciudadanos que reclamado asistencia, ya no urgente como se establece en el Real Decreto para menores o embarazadas, etcétera, sino en para el conjunto de extranjeros no residentes.