La Diputación de Ourense no tendrá que devolver los 10,1 millones de euros que le reclama la Unión Europea por un presunto fraude cometido en la gestión de fondos europeos para las 107 depuradoras instaladas en su día en la provincia ourensana con cargo a los planes Deputrans y Daredo, que gestionó el entonces presidente de la Diputación ourensana, José Luis Baltar Pumar.

Así lo ha decretado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que decide en su fallo "anular" la devolución de fondos al "entender que ha prescrito la acción de reintegro que dio lugar a la resolución que se impugna".

El titular de la institución ourensana, Manuel Baltar Blanco, ha informado este sábado de la sentencia, que no es firme y contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Manuel Baltar ha explicado que el argumento de la sentencia también era a razón esgrimida por los jurídicos da la institución ourensana para oponerse al reintegro de los 10.123.000 euros que reclamaba la Unión Europea. Por ello, el presidente provincial ha felicitado públicamente a los técnicos por lo que ha calificado como "una victoria jurídica que favorece a esta provincia".

Para Baltar Blanco, la Diputación se mantuvo siempre "firme" en una tesis que ahora es ratificada por esta sentencia, de ahí que, ha recordado, la institución provincial dilatase todo lo posible el abono de cantidades reclamadas.

Sentencia previa

Este fallo se añade al de 9 de diciembre del pasado año, del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Ourense, que disponía el sobreseimiento y archivo de las actuaciones, lo que suponía que el asunto sólo se mantenía en pie por la vía administrativa de la devolución del dinero que reclamaba Europa a través del Gobierno del Estado.

Previamente, a finales de septiembre del pasado año, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas aceptó reducir a algo menos de la mitad, 5 millones de euros, el total de la devolución que le reclamaba a la Diputación ourensana hasta que se produjera la resolución del Contencioso-Administrativo que ahora se ha conocido.

Pendiente de confirmarse que transcurrido el plazo de 10 días no hay recurso de casación por parte del Estado ante el Supremo, el caso de las 107 depuradoras instaladas en municipios de la provincia ourensana con cargo a los fondos europeos habrá llegado al final de su recorrido judicial.