El Pleno del Cabildo de Tenerife aprobó este viernes por unanimidad de todos los grupos políticos una moción presentada por los grupos de CC-PNC y PSOE, en la que se insta al Gobierno de Canarias a que dinamice la participación de todas las administraciones, tanto las sociales como las sanitarias, con responsabilidad en la atención a la dependencia con el fin de consolidar este sistema en Canarias.

La vicepresidenta y consejera de Acción Social, Cristina Valido, señaló que con esta moción se trata de "aunar fuerzas para instar a las administraciones competentes a sentarse ya para agilizar la aplicación del sistema de la dependencia", de tal forma que se puedan distribuir tareas y financiación entre administraciones.

Valido defendió la descentralización de estos servicios para mejorar su prestación, y de hecho, el acuerdo incluye pedir al Gobierno de Canarias que impulse la descentralización de la gestión de este sistema, contando con cabildos y ayuntamientos.

Al respecto, el presidente del Cabildo, Carlos Alonso hizo mención a la disponibilidad de los técnicos del Cabildo a hacer las valoraciones del grado de dependencia, una propuesta que planteó recientemente a la vicepresidenta y consejera regional de Servicios Sociales, Patricia Hernández, en el seno de la Federación Canaria de Islas (Fecai).

En esa línea, señaló que esta oferta permitirá avanzar en esa descentralización permitiendo identificar con agilidad a quienes, por ser dependientes, necesitan cuanto antes una ayuda.

El acuerdo recoge también instar al Gobierno de Canarias para realizar una planificación ordenada de los recursos, con la definición de la cartera de servicios y estándares de calidad a cumplir por los distintos proveedores del Sistema de Atención a la Dependencia en Canarias, que permita la homogeneidad de los recursos existentes en las comunidades autónomas.

Por otra parte, con el fin de mejorar la coordinación entre administraciones, el Cabildo acordó instar al Gobierno de Canarias a definir conjuntamente con cabildos y ayuntamientos el plan de infraestructuras necesarias que dé respuesta a las necesidades de la población y que facilite su cofinanciación con un plan de inversiones plurianual.

Además, se pide también al Gobierno de España que garantice una financiación adecuada de la Ley de Dependencia en Canarias hasta alcanzar el 50% del coste efectivo de las plazas, de forma que se asegure la equidad en el acceso a los servicios en función de necesidad de las personas afectadas.