Dolores Villar, la vecina de Espartinas (Sevilla) que denunció públicamente las anomalías detectadas en la selección de trabajadores para los contratos municipales con cargo al Programa de Ayudas a la Contratación de la Junta de Andalucía, formulará alegaciones dentro del periodo de información pública que debe abrir el Ayuntamiento, gobernado por José María Fernández (C's), tras haber suspendido los 18 contratos ya formalizados y decidido retrotraer el proceso de selección para abrir dicho periodo de alegaciones.

Hablamos de la vecina de Espartinas que se había declarado "en huelga de hambre" al considerarse "injustamente discriminada" en las contrataciones temporales promovidas por el Ayuntamiento, con cargo al Programa de Ayudas a la Contratación de personas en situación de exclusión social, impulsado por la Junta de Andalucía pero canalizado mediante los consistorios.

Según manifestaba esta vecina a Europa Press, en la selección de personas beneficiadas por los contratos, realizada por los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento, "ha podido haber alguna irregularidad", porque ella "siempre" había estado "en los cinco primeros puestos" a la hora de la clasificación de las personas más necesitadas del municipio, si bien en esta ocasión había quedado "fuera" de la selección. El Gobierno municipal, según ella, "ha reconocido que no se ha seguido todo el protocolo" en el procedimiento de selección, defendiendo el Equipo de Gobierno, de su lado, que las contrataciones fueron fruto de la selección de los servicios sociales municipales sin "intromisión" alguna.

"retrotraer" el procedimiento

Tras revisar el procedimiento de selección, no obstante, el Ayuntamiento acordó "retrotraer" dicho proceso "hasta el momento en el cual debería haber sido abierto un periodo de alegaciones". Dado el caso, las 18 contrataciones ya formalizadas quedaron "canceladas hasta que no se resuelvan las posibles alegaciones", toda vez que merced a tales alegaciones, "el resultado final del proceso de priorización de las solicitudes podría verse alterado".

El Ayuntamiento, en ese sentido, se ha puesto en contacto con la Junta de Andalucía, "para que preste asesoramiento técnico al Departamento de Servicios Sociales para la correcta aplicación del procedimiento de prioridades a la hora de contratar personal dentro de los programas de ayuda a la contratación".

El PP, de su lado, ha señalado "la gravedad de las declaraciones del concejal de Servicios Sociales, el socialista Ignacio Rubio, recogidas en una grabación y reconocidas expresamente por él en un medio de comunicación, inculpando asimismo al alcalde, José María Fernández, de Ciudadanos". El PP, en ese sentido, atisba "un presunto delito de prevaricación, pues el alcalde firma 18 contratos a sabiendas de las irregularidades", elevando el asunto a los juzgados.

Ya este jueves, Dolores Villar ha manifestado a Europa Press que ante esta tesitura, alegará en el periodo que debe habilitar el Ayuntamiento "en el momento en que se publique" dicho periodo y "se pueda reclamar", aunque en un principio exponía que no pensaba formular alegaciones y que se declararía de nuevo en huelga de hambre. De cualquier manera, y en definitiva, ha anunciado que formulará sus alegaciones para obtener uno de los mencionados contratos, advirtiendo además de que cuenta con una grabación de "42 minutos" que contiene una "conversación con el alcalde". "El alcalde hizo los contratos sin estar todo en regla. Él era conocedor del tema", ha dicho.