El consejero de Industria, Francisco Blanco, ha dejado claro este jueves que los responsables de la multinacional Alcoa no están planteando "de momento" cerrar la planta de Avilés, en las conversaciones que están manteniendo con los representantes del Ejecutivo asturiano.

En declaraciones a los medios, tras reunirse con los dirigentes asturianos de Industria de CCOO, Damián Manzano, y UGT, Eduardo Donaire, Blanco ha señalado que la empresa "intenta transmitir tranquilidad", y "de momento ellos no están planteando cerrar la planta". No obstante, "no nos ocultan que hay un problema y esto indefinidamente no se podrá seguir". "No sé exactamente lo que van a decir la semana que viene", ha recalcado.

En todo caso, el consejero ha incidido en la necesidad de cambiar el marco regulatorio actual para rebajar los costes de la electricidad para la empresa norteamericana. Con este fin, se reunirá el próximo día 22 con el secretario de Estado de Energía e Industria, Alberto Nadal.

Blanco ve difícil que se pueda realizar algún cambio normativo de la subasta eléctrica antes de las elecciones de 2012, pero sí ve factible "apuntar las ideas", o al menos "manifestar una voluntad de que a la industria de este país hay que darle una salida".

En la reunión ha participado también el presidente del Gobierno autonómico, Javier Fernández, quien no ha comparecido. Sí lo han hecho los responsables sindicales, a quienes el mandatario les ha trasladado que el presidente está manteniendo contactos permanentes con la multinacional.

Con respecto a las negociaciones con la empresa, Blanco ha asumido que se le deben exigir inversiones de futuro en la planta avilesina, pero "si no hay un marco de precios estable Alcoa tiene una buena excusa para no hacerlo".

Manzano y Donaire por su parte han pedido al Ejecutivo asturiano que ejerza su presión ante el Estatal para conseguir ese cambio normativo. También les han trasladado la propuesta de declaración institucional que presentarán al pleno de la Junta General el día 25, y para la que esperan conseguir el apoyo de todos los grupos políticos, incluido el PP.

En el texto se realizarán las dos reclamaciones, la de una modificación del sistema de subastas y de interrumpibilidad, al Ejecutivo central, y la de inversiones a la multinacional.