KCM es un bebé de nueve meses nacido en España, de madre y padre nigerianos con permiso de residencia en vigor. Cuenta con libro de familia y certificado de nacimiento, pero no con tarjeta sanitaria porque se le exige pasaporte. Su familia carece de los recursos económicos para tramitarlo y, en consecuencia, han recibido una factura para cobrarles una consulta pediátrica.

Este es solo uno de los más de 1.500 casos que la Red de Denuncia y Resistencia al Decreto de 2012 (REDER), por el que se retiró la tarjeta sanitaria a las personas en situación irregular y se limitó su acceso a la sanidad pública, han reunido para documentar la exclusión sanitaria y sus efectos.

Los datos han sido aportados por las 300 personas y organizaciones médicas que integran la red a lo largo y ancho del territorio español, entre las que destaca Médicos del Mundo o la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC). El informe incluye, entre otros, 31 casos de cáncer, 38 de enfermedades cardiovasculares, 62 de diabetes, 14 de enfermedades degenerativas musculares, 8 de otro tipo de enfermedades degenerativas, más 28 casos potencialmente mortales si no reciben el adecuado tratamiento sanitario y 27 de personas con graves problemas de salud mental.

En total son 1.567 documentados entre enero de 2014 y julio de 2015 en 12 comunidades autónomas. "No se trata más que de una muestra mínima pero muy representativa del impacto en vidas humanas y sufrimiento que ha supuesto del Real Decreto Ley 16/2012 ", afirman desde REDER.

Pero no es solo eso. La reforma sanitaria impulsada por la exministra de Sanidad Ana Mato dejaba fuera del sistema público a las personas extranjeras sin permiso de residencia en vigor, pero establecía 3 excepciones: seguirían recibiendo atención los menores, las urgencias y las mujeres embarazadas. Sin embargo, REDER denuncia que estas excepciones se incumplen sistemáticamente, lo que a su juicio supone una "doble vulneración", como en el caso del bebé KCM.

Como muestra de ello documenta 109 casos de menores de edad a quienes se deniega la asistencia sanitaria: 232 incidencias en urgencias, incluyendo denegación de asistencia y facturación de la atención, y 78 mujeres embarazadas que han visto vulnerado de alguna manera su derecho a ser asistidas, con situaciones que van desde la negativa a tramitarles la tarjeta sanitaria como embarazada, hasta no tratar las complicaciones derivadas del parto porque no se reconocen como parte de la atención obligada por el Real Decreto-Ley 16/2012. Todos ellos tenían derecho a la asistencia sanitaria, según la norma.

Las personas más afectadas por el decreto de 2012 han sido los inmigrantes en situación irregular, que suponen 1.067 casos del total de 1.567. El resto, son personas que aun teniendo regularizada su residencia en España, se han visto afectados por la exclusión, ya sea por desinformación o por mero incumplimiento.

Un ejemplo de esto último es el caso del hijo de Carolina González, española de 35 años que pasó una temporada en Ecuador, de donde era su esposo. A su regreso, acude por urgencias a un centro de salud porque su bebé de pocos meses está enfermo y padece una anemia severa. "Acabábamos de llegar, yo tenía el libro de familia, pero no la tarjeta sanitaria del niño". Se negaron a atenderlo. Ante su inistencia, accedieron a revisarlo, pero le dejaron claro que no le harían análisis hasta que no tuviese la tarjeta. Días después, les llegó una factura a casa por la atención recibida.

"La principal conclusión de este informe es que las situaciones de desatención médica provocadas no son casos excepcionales que responden a errores puntuales del sistema. Se trata de un auténtico sistema de exclusión generalizada que dista mucho de ser universal y se aleja ostensiblemente de los principios rectores que definen el Sistema Nacional de Salud español desde 1986", afirman desde REDER.

No se justifica ni desde el punto de vista de derechos humanos, ni económico, ni de salud públicaLos autores del informe hablan también del "limbo jurídico administrativo" que viven los ascendientes de personas regularizadas, y documentan al menos 25 casos de ancianos que dejaron de recibir atención y tratamiento de sus problemas de cardiopatías, hipertensión, enfermedades respiratorias o artritis.

Es el caso del padre de Natalia, que residía en Galicia con ella y su marido, tenía tenía tarjeta sanitaria y recibía asistencia normalizada. Sin embargo, cuando la familia se trasladó de comunidad autónoma, por motivos de trabajo, quedó sin dicha atención. En abril de 2014 sufre un cuadro de deterioro generalizado y acude a urgencias, donde recomiendan su ingreso. Al no poder costearlo la familia, pide el alta voluntaria y finalmente, muere.

"La reforma sanitaria ha conllevado una pérdida de calidad de la gestión sanitaria, una marcada descoordinación entre niveles asistenciales, y, lo que es más grave, un deterioro de la atención médica, puesto que impide el seguimiento de enfermedades crónicas e ignora la importancia los programas de prevención, con el consecuente riesgo tanto para los y las pacientes como para el conjunto de la población", concluyen.

Desde la entrada en vigor del decreto de 2012, la mayoría de los gobiernos autonómicos pusieron en marcha distintas fórmulas para ampliar las excepciones antes mencionadas y regular el acceso al sistema público de salud para colectivos excluidos. "El resultado ha sido la generación de una serie de subsistemas sanitarios paralelos para pobres", admiten desde esta red de ámbito estatal. "Esto, además, rompe con el principio de equidad territorial y es insuficiente". Prueba de ello es que el 73% de los casos proceden de comunidades con normativas creadas ad hoc para dar cobertura a estas personas.

Tras las últimas elecciones municipales y autonómicas, varias comunidades que cambiaron de color político al dejar de estar en manos del Partido Popular anunciaron su intención de no aplicar el decreto. Actualmente, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, estudia con las comunidades autónomas la forma de volver a dar asistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular, pero sin derogar el decreto.  La idea es ampliarlo, pero estará condicionado, según el plan de Sanidad, al empadronamiento de estas personas y a la atención primaria. La atención especializada dependerá del criterio del personal médico.

Desde REDER piden la derogación del decreto porquen "es ineficaz y vulnera los derechos humanos". "No se justifica ni desde el punto de vista de derechos humanos, ni económico, ni de salud pública, ni desde la ética médica", afirman.