La Guardia Civil se ha personado este viernes en la sede central de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), situada en la calle Córcega de Barcelona, en busca de documentación relacionada con el caso de supuesto cobro de comisiones ilegales por obra pública que instruye un juzgado de El Vendrell (Tarragona) y en el que están imputados tres miembros de la familia Sumarroca, según fuentes cercanas a la investigación.

Previamente, desde las ocho de la mañana, los agentes registraban la sede de la Fundació CatDem, vinculada a CDC, así como y cuatro ayuntamientos catalanes: Lloret de Mar y Figueres (Girona) y Sant Celoni y Sant Cugat del Vallès (Barcelona), en todos los casos por delitos contra la administración pública.

Los registros, llevados a cabo por el Juzgado junto a la Fiscalía Anticorrupción, incluyen también el domicilio del extesorero del partido, Daniel Osacar, se engloban en la denominada operación Petrum 2 y, según estas mismas fuentes, no se prevén detenciones.

El registro en la fundación ha durado unas ocho horas y ha concluido hacia las 17.35 horas. Los agentes han dado por concluido el registro con varias cajas cargadas de documentación y con varios ordenadores con información relativa a sus cuentas.

Por otro lado, agentes de la unidad informática de la Guardia Civil entraban a esa misma hora en la sede de CDC con el objetivo de registrar el despacho del administrador de Catdem y de la formación, Andreu Viloca.

Este registro se prolongó hasta las 22.30 del viernes, después de alargarse unas cinco horas, y los efectivos de la Guardia Civil se han llevado numerosas cajas del despacho de Viloca, que también es el tesorero del partido. La mayor parte de esta documentación está relacionada con la contabilidad de CatDem que Fiscalía ha requerido a CDC, según han explicado fuentes del partido.

Además de la contabilidad, que el partido le ha entregado voluntariamente, los investigadores han hecho una copia del ordenador del administrador y varios expedientes.

En declaraciones a los periodistas tras el registro, Francesc Sánchez (CDC), ha criticado la "desmesurada" actuación policial que, a juicio de los convergentes, ha buscado un espectáculo mediático cuando podrían haberlo hecho de otra manera.

A raíz de la documentación intervenida tras las detenciones de la familia Sumarroca, la Guardia Civil halló indicios de supuestos pagos de estos ayuntamientos investigados a la fundación Catdem del 3% del valor de las adjudicaciones. De confirmarse estos hechos, la Fiscalía vería corroboradas las sospechas incluidas en la pieza separada número 3 del caso Torredembarra sobre los nexos entre el alcalde Daniel Masagué y la financiación irregular de CDC.

La Audiencia de Tarragona acordó el pasado 11 de agosto dejar en libertad con cargos, con una fianza de 600.000 euros, al exconsejero delegado de la constructora Teyco Jordi Sumarroca, que permanecía encarcelado desde el 24 de julio, tras su detención en una operación contra la corrupción y el blanqueo.

El titular del juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) ordenó el pasado 24 de julio el ingreso en prisión sin fianza para Jordi Sumarroca, acusado de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la administración pública, en el marco de una operación en la que se investiga el pago de supuestas comisiones de casi 1,4 millones de euros a empresas del exalcalde de Torredembarra Daniel Masagué (CiU), también imputado.

La familia Sumarroca, copropietaria de uno de los principales grupos constructores de Cataluña adjudicatarios de obra pública, ha estado históricamente vinculada a la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, con la que han compartido negocios, amistad y afinidades políticas desde la creación de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

El coordinador general y número dos de CDC, Josep Rull, ha denunciado el "espectáculo mediático" que a su juicio son los registros y ha lamentado que la Fiscalía haya querido "entrar en campaña antes de hora" para "interferir" en la política catalana.

Rull ha comparecido en la sede de CDC para hablar de la operación de la Guardia Civil. El dirigente de CDC ha detallado que de 2007 a 2009 las aportaciones que recibió la CatDem por parte de Teyco sumaron 150.000 euros (1,7% del conjunto de las donaciones), mientras que recibieron de Bluegreen un total de 207.000 euros entre 2012 y 2014 (el 2,4% del total).

La mayoría de los contratos investigados, que Teyco se adjudicó en concurso público, fueron financiados con fondos procedentes del Plan E, que el Gobierno destinó en 2008 a los ayuntamientos para reactivar la economía.

En un comunicado remitido a los medios, la constructora Teyco ha negado "tajantemente" que sus donaciones a Catdem o a fundaciones vinculadas a otros partidos políticos "hayan tenido un fin ilícito relacionado con el tráfico de influencias" y ha subrayado que ha efectuado aportaciones a organizaciones "de diverso signo".

Rull ha asegurado que están "comprometidos con la justicia y la transparencia" pero ha denunciado que la actuación ha sido conocida antes por los medios de comunicación que por la parte afectada, por lo que, a su juicio, "el objetivo es buscar un espectáculo mediático antes de unas elecciones trascendentes" como las catalanas del 27S.

"Alguien ha querido entrar en campaña antes de hora. Sabemos desde el 9N cómo actúa la Fiscalía. La espectacularidad (de los registros) deja claro el objetivo", ha añadido Rull.

La reacción de CDC ha tenido una rápida respuesta de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha instado a la formación a no buscar "culpables fuera de sus filas" y a preocuparse más por "lo que pasa dentro de ellas".

Desde Junts pel sí, el cabeza de lista, Raül Romeva, ha pedido "transparencia" para aclarar los hechos, teniendo en cuenta que es una investigación que "viene de lejos".

Los partidos catalanes en la oposición han coincidido en recordar el historial de casos de corrupción que el partido liderado por Artur Mas carga a sus espaldas, mientras que el candidato de UDC, Ramon Espadaler, se ha limitado a pedir respeto a la presunción de inocencia de sus antiguos socios pero, al mismo tiempo, a la investigación judicial.