La entrada en vigor del capítulo penal de la ley puso en funcionamiento 436 juzgados, 22 de ellos exclusivos para la materia y de nueva creación, con el objetivo de mejorar la protección de la justicia a las maltratadas y a sus hijos.

Desde entonces, las amenazas leves de un hombre a una mujer, su pareja o ex pareja, hasta entonces tipificadas como faltas y castigadas con arresto de fin de semana, se sancionan como delito, con penas de prisión de seis meses a un año, o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días.

Sin embargo, los avances del ámbito judicial, legal y asistencial no frenaron la sangrienta estadística y, desde el 29 de junio de 2005, 140 mujeres han muerto a manos de sus parejas o ex parejas.

438 mujeres asesinadas, sólo entre 2000 y 2006

Sólo entre el 2000 y el 2006, el Instituto de la Mujer contabilizó 438 muertes, que junto a las 39 de este año, suman un total de 477 mujeres muertas por malos tratos.

De las 438 mujeres asesinadas entre 2000 y 2006, 197 murieron a manos de su cónyuge; 107 de su compañero; 44 de su novio; 37 de su ex compañero; 29 de su ex novio, y 24 de su ex marido.

Además, en lo que va de año, se han producido cinco muertes más que están siendo investigadas por el Instituto de la Mujer.

Incremento de denuncias

No obstante, uno de los aspectos más positivos de la ley fue el incremento de las denuncias por maltrato.

En su primer año de vida, los juzgados dedicados a la violencia de género recibieron casi 147.000 denuncias, mientras que en 2004 tan sólo sumaron 99.000 y en 2003 se elevaron a 76.000.

Sin embargo, el 70 por ciento de las mujeres asesinadas este año no había denunciado a su agresor.

Seguimiento de agresores

Ante estos datos, en diciembre de 2006, el Gobierno aprobó un conjunto de medidas urgentes para acelerar y hacer más efectivas las disposiciones de la ley y un Plan de Sensibilización y Prevención, con un presupuesto de 48 millones de euros.

Entre las medidas, figuraba un programa específico de seguimiento permanente de los agresores a través de dispositivos electrónicos y la incorporación de 222 nuevos agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para luchar contra esta lacra social.

En 2007, el Gobierno creó 42 juzgados más para la violencia machista y activó un teléfono gratuito con atención las 24 horas.

También creó una base de datos común para todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y puso en marcha las unidades provinciales de lucha contra la violencia de género para hacer un seguimiento exhaustivo de los casos de maltrato y para detectar los fallos del sistema.

Sin una protección adecuada

Sin embargo, un informe conjunto de Amnistía Internacional y de la Comisión de Investigación de Malos Tratos denunciaba recientemente que, dos años después de la aprobación de la ley, las víctimas siguen sin tener una protección adecuada.

El informe ponía de manifiesto que, pese a todas las medidas en vigor, la respuesta institucional es "insuficiente" y los derechos de estas mujeres son "papel mojado".

Según estas dos ONG, la actuación institucional es "muy desigual entre autonomías, faltan medios y de recursos en todos los ámbitos, los profesionales dedicados a la atención a estas mujeres (sanitaria, policial y judicial) no tienen la formación adecuada, y los colectivos más vulnerables (drogodependientes o inmigrantes) no reciben la misma ayuda que otras víctimas.

La presidenta de la Comisión de Investigación de Malos Tratos, Consuelo Abril, explicó que aunque la Ley es un instrumento "muy positivo", en la práctica está fracasando porque se sigue acusando a las mujeres de no denunciar o no ratificar las denuncias.

"Ante todo hay que comprender que una mujer maltratada está paralizada y que, tras años de malos tratos, no puede ni se atreve a denunciar porque está completamente anulada".

Las asociaciones de mujeres reclaman desde hace tiempo que se persiga de oficio el delito de maltrato, aunque la víctima retire la denuncia, y que se aumente la protección a estas mujeres, y demandan campañas de sensibilización dirigidas a los maltratadores y, sobre todo, un presupuesto suficiente para luchar de manera integral contra esta lacra.