En la cumbre extraordinaria de comienzos de esta semana, los líderes del euro elevaron el tono tras el referéndum y advirtieron a Atenas de que esta semana era "la última oportunidad" para un acuerdo que permita negociar el nuevo programa de ayuda.

Por ello, los jefes de Estado y de Gobierno del euro, primero, y de los Veintiocho, después, tienen el objetivo este fin de semana de refrendar el acuerdo, si se da, o de examinar otros escenarios, lo que incluye la salida del euro de Grecia.

El Parlamento griego dio este sábado el mandato al Gobierno para continuar negociando con los acreedores en base a la última propuesta de acuerdo presentada este jueves por Atenas.

La votación salió adelante con los votos a favor de 251 diputados, mientras que 32 votaron en contra y 8 se abstuvieron.

Las abstenciones fueron en su totalidad de los diputados del gubernamental Syriza como el ministro de Energía y líder de la corriente más izquierdista del partido, Panayotis Lafazanis, y la presidenta del Parlamento, Zoé Konstandopulu.

Además de la gran mayoría del izquierdista Syriza y de los diputados de su socio de Gobierno, votaron a favor el nacionalista Griegos Independientes, los conservadores de Nueva Democracia, el centrista To Potami y el socialdemócrata de Pasok. En cambio, los neonazis de Amanecer Dorado, los comunistas del KKE y dos diputados de Syriza se posicionaron en contra.

"La confianza está completamente rota y (recuperarla) depende del compromiso griego con las reformas y la voluntad de aplicarlas", advierten desde Bruselas, por lo que el Gobierno de Tsipras ha hecho un último esfuerzo para adaptar su propuestas a las exigencias de los acreedores, con los siguientes puntos clave:

Atenas ha claudicado ante la demanda de los acreedores de fijar un tipo general del 23%, y un gravamen reducido del 13% aplicable solo a comida, energía, hoteles y agua, y un último tramo del 6% para productos farmacéuticos, libros y teatro.

En cuanto a las islas, las de mayores ingresos y destinos turísticos populares entrarán en el régimen general impositivo, mientras que las más remotas mantendrán las reducciones del 5% para hoteles y del 9% para restaurantes.

Las novedades entrarán en vigor en octubre y a finales de 2016 se adoptarán medidas para compensar a los ciudadanos "con mayores necesidades".

La edad de jubilación se eleva a los 67 años o 40 años cotizados para mayores de 62 años. Se congelan las prestaciones contributivas hasta el 2021 y sube del 4% al 6% la contribución de los pensionistas al sistema sanitario.

Atenas eliminará progresivamente la subvención del Estado al 20% de las pensiones con mejores prestaciones dentro del colectivo de jubilados más desfavorecidos que ahora reciben ayudas.

Las instituciones han solicitado desde el comienzo de la negociación una rebaja del gasto militar de 400 millones de euros. Grecia ha pasado de ofrecer cumplir esa cantidad hasta 2017, ha hacer un ahorro de 100 millones en 2016 y 200 millones en 2017.

Tsipras tiene las manos atadas en este apartado porque el Ministerio de Defensa está en manos de su socio de Gobierno, el ANEL, partido conservador.

Se privatizarán completamente aeropuertos regionales y puertos, pero para la compañía eléctrica Tsipras propone un plan alternativo que dejaría la distribución en manos públicas.

Como prometía el programa de Syriza para las elecciones, Tsipras reforma los procesos de despido colectivo y fijará un nuevo sistema de negociación.

Es el asunto más mencionado en toda la propuesta, ya que Atenas pretende dar a los ministerios competencias adicionales para combatir la corrupción. Los ayuntamientos, el sistema sanitario y las obras públicas serán sometidos a un control más riguroso.

Para la lucha contra la evasión fiscal se creará un sistema de denuncia de defraudadores y una base de datos para evitar la ingeniería fiscal entre empresas.