Los parlamentarios piden además a las autoridades regionales que creen comisiones de arbitraje para resolver los conflictos urbanísticos.

La resolución, que no tiene carácter vinculante, fue promovida por los socialistas, liberales, izquierda unitaria y verdes, y contó con la oposición del Partido Popular, que alegó durante el debate de la resolución el pasado martes que los ciudadanos se habían pronunciado sobre el urbanismo en Valencia y Madrid dando la mayoría absoluta a los populares en ambas comunidades el 27-M.

Durante este debate, el comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, anunció que el Ejecutivo comunitario denunciará el próximo miércoles 27 de junio la Ley Urbanística Valenciana (LUV) ante el Tribunal de Justicia de la UE al considerar que vulnera la normativa europea de contratación pública y las exigencias de información y transparencia en las licitaciones de proyectos urbanísticos que ésta establece.

Casos de corrupción

El texto aprobado por los parlamentarios recuerda que han existido "casos de práctica de corrupción relacionados con macroproyectos de urbanización que han conducido a la detención y condena de funcionarios y políticos elegidos en las administraciones públicas locales".

Asimismo, condena la aprobación por algunos municipios de "planes urbanísticos que más tarde son declarados ilegales, lo que lleva al derribo o la amenaza de derribo de bienes inmobiliarios adquiridos de buena fe por ciudadanos europeos por medio de promotores y agentes de la propiedad".