Ni 24 horas ha tardado Hungría en dar marcha atrás en su anuncio de que no admitiría que otros países de la Unión Europea le envíen a los refugiados que entraron en territorio comunitario por la frontera húngara, una medida que habría supuesto incumplir la legislación comunitaria.

El Gobierno conservador húngaro anunció el martes que "el sistema de asilo de Hungría está sobrecargado" y que por eso suspendía de forma unilateral el Reglamento Dublín III, que establece que es el país por el que un refugiado entre en la UE el que tiene que atender su petición de asilo.

Tras las críticas de la Unión Europea (UE) y la petición de explicaciones por parte de Austria y Alemania, el ministro de Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, aseguró este miércoles que su Gobierno "no se planteó la suspensión de ninguna legislación comunitaria".

En lo que va de año, Hungría ha registrado más de 60.000 solicitudes de asilo de inmigrantes (frente a las 42.000 en 2014), que han entrado desde Serbia y que siguen luego camino hacia países más ricos, como Alemania y Austria. Según Dublín III, cuando esos emigrantes son interceptados en otros país, pueden ser enviados de regreso a Hungría.

Szijjártó explicó a la prensa que esa presión migratoria "causa a Hungría graves problemas técnicos y de capacidad". Con todo, Szijjarto aseguró que su país respetará todas las leyes comunitarias, pese a no estar de acuerdo con normas como Dublín III.

El embajador húngaro ante la UE, István Györkös, trató de explicar la rectificación húngara argumentando que el anuncio del martes fue sólo una petición de "paciencia y solidaridad" por parte de los otros países hasta que Hungría pueda aceptar más refugiados.

El Gobierno húngaro argumenta que los inmigrantes que llegan a Hungría a través de la frontera con Serbia entraron en la UE en Grecia, por lo que deberían ser devueltos a ese país. En este sentido Szijjártó afirmó, además, que "Austria y otros diez países comunitarios quieren devolver a Hungría a inmigrantes ilegales", algo con lo que se mostró en desacuerdo.

Fuentes del Ministerio del Interior austríaco confirmaron este miércoles que existe ese plan de agilizar la tramitación de los llamados "casos Dublín", que suponen una cuarta parte de todas las solicitudes de asilo, y que eso supondrá la expulsión a Hungría de esos refugiados. Con todo Austria argumenta que se limita a aplicar la normativa comunitaria.

La ministra austríaca de Interior, Johanna Mikl-Leitner, criticó el martes duramente el anunció de Budapest y dijo que Viena está dispuesta a ayudar a su vecino. Cuarenta policías austríacos colaboran ya en el control de la frontera entre Hungría y Serbia.

"El Gobierno húngaro quiso llamar la atención, con un mensaje fuerte, sobre el creciente número de solicitantes de asilo que llegaron al país, unos días antes de la cumbre de la UE" que comienza el viernes, opinó el analista Attila Juhász, del instituto Political Capital.

Hungría quiere así centrar el foco sobre la ruta terrestre que usan los sirios e iraquíes que huyen de la guerra en sus países y que recibe menos atención mediática que la llegada de refugiados por el Mediterráneo a Italia o Grecia.

El anuncio y el desmentido de la suspensión de Dublín III es un nuevo paso en la estrategia antiinmigración en la que se ha embarcado el primer ministro húngaro, el conservador Viktor Orbán.

En los últimos meses, el Gobierno ha repartido un cuestionario entre la población en el que se relacionaba inmigración con terrorismo, ha colocado carteles advirtiendo a los refugiados que no quiten el trabajo a los húngaros y ha anunciado la construcción de una valla en la frontera con Serbia para impedir cruces ilegales.

Varios analistas ven en estas posturas un intento de detener el trasvase de votos desde el gubernamental Fidesz hacia la derecha xenófoba del partido Jobbik y su discurso antiinmigrantes.

Szijjártó anunció que el coste de la valla, de 175 metros de longitud y cuatro de altura, será de 20 millones de euros, aunque no precisó cuándo comenzará su construcción La oposición socialdemócrata húngara criticó al Gobierno por recurrir a una "política del odio" frente a los inmigrantes y aseguró que "las vallas no son una solución al problema".