El juez del Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona (CIE) ha dictado un nuevo auto en el que acuerda una batería de medidas para mejorar las condiciones de vida de los internos del recinto. Una de ellas es la colocación de sanitarios en el interior de los dormitorios y una mejor distribución de los internos pues hay dos módulos cerrados.

El magistrado ha adoptado esas medidas, a raíz de las "deficiencias" constatadas en varias visitas de inspección rutinarias al centro de internamiento, en el que comprobó que en alguna ocasión se ha denegado a inmigrantes la realización de pruebas médicas especiales por carecer de tarjeta sanitaria. A su juicio, "el derecho fundamental a la salud debe prevalecer sobre cualquier condicionante administrativo", y sostiene que el único derecho que los internos pueden ver vulnerado es el de la libertad.

En ese sentido, el juez ordena que, en el caso de que la dirección del CIE, situado en la Zona Franca de la capital catalana, solicite a algún centro de la sanidad pública una prueba médica especial para diagnosticar una enfermedad grave y/o contagiosa, ésta deberá efectuarse "de forma inmediata", sin que la falta de tarjeta sanitaria suponga un obstáculo.

Para el magistrado, "el Estado tiene la obligación de velar por la salud de las personas que se hallan privadas de libertad" y el derecho fundamental a la salud "debe primar sobre cualquier condicionante administrativo". Por ese motivo, acuerda "indicar a las autoridades sanitarias la obligación de realizar las pruebas y tratamientos médicos" que prescriba el médico del CIE, "por muy especial que sea", aunque el interno carezca de tarjeta sanitaria.

Otra de las medidas que ha adoptado el juez es permitir el uso de teléfonos móviles en las instalaciones del CIE, a cualquier hora del día salvo en los momentos de descanso, aunque prohíbe los teléfonos inteligentes con acceso a Internet para evitar la publicación de imágenes grabadas en el centro, en aras a "respetar el derecho a la intimidad de los demás internos".

En opinión del titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que tiene encomendado el control del CIE, debe autorizarse el uso de teléfonos móviles propios a los internos del CIE para "facilitar la comunicación con sus parientes o amigos y aliviar su soledad y angustia (la cual es patente) durante su estancia".

"El otorgamiento de autorización para el uso de teléfonos móviles no produce ningún perjuicio o perturbación en el orden interno del centro, sino que más bien contribuye a facilitar la paz dentro del mismo", razona el magistrado. Además, el juez ordena al CIE ampliar el número de teléfonos públicos, tras constatar que los internos se ven obligados a hacer cola en determinados momentos para poder comunicarse.

El magistrado cuestiona también la decisión del CIE de retirar los efectos personales a los internos a su llegada al recinto, especialmente del reloj de pulsera, y considera que no existe ningún motivo para esa medida, teniendo en cuenta que la peligrosidad de ese objeto "es nula". Además, una de las quejas recibidas es que en el centro no hay ni tan siquiera relojes de pared por lo que los internos pierden la noción del tiempo.

Por otro lado, el juez ordena llevar a cabo obras para instalar las habitaciones de seguridad en una zona "donde quede mejor preservada la intimidad del interno" cuando se exija su aislamiento. Actualmente, las celdas de aislamiento se encuentran en una zona "excesivamente transitada y expuesta" y no disponen de luz natural.