Cuando falta más o menos un mes para que el juez que instruye la operación Malaya, Miguel Ángel Torres, tenga que volver a su plaza en Granada (su prórroga acaba el 18 de julio de 2007), la defensa de Juan Antonio Roca ha solicitado que vuelvan a declarar 30 imputados en el caso, entre empresarios y ex concejales.

El letrado quiere que los empresarios (José María González de Caldas, José Ávilas Rojas y Rafael Gómez, entre otros) digan si «han entregado cantidad alguna de dinero» a su cliente y si «han recibido trato de favor» por el Consistorio «por indicación» del ex asesor urbanístico.

Además, pretende que acudan casi 15 ex miembros de la corporación municipal (entre ellos Marisol Yagüe e Isabel García Marcos) así como varios técnicos, entre ellos Jorge González, testigo cuya declaración en otro procedimiento judicial supuso el origen del caso Malaya. Y, sobre todos ellos, la defensa de Roca se reserva el derecho a solicitar un careo.

La mencionada solicitud tiene como objeto acreditar que Roca «no ha tenido participación alguna» en la elaboración de los decretos o acuerdos suscritos entre el Consistorio y los empresarios.

Roca lleva más de 14 meses en la cárcel y está imputado por delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación como inductor, alteración de los precios en concursos y subastas públicas, malversación de caudales y contra la flora y fauna, entre otros.