Parece que a la tercera no irá la vencida. El PP-A ha cancelado la reunión prevista con el PSOE-A por el caso de la mina de Aznalcóllar. Mientras, C’s insiste en que su voto será negativo, y ha advertido que las posibles irregularidades en Azanalcóllar pueden «complicar» el proceso. IULV-CA también votará ‘no’, al igual que Podemos, que ha acusado a los socialistas de «dar carpetazo» a las negociaciones hasta después del 24M. Estas son sus posiciones.

El secretario de Organización de IULV-CA, Toni Valero, ha anunciado que su grupo parlamentario mantendrá su voto contrario a la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta  y ha acusado al PSOE de "montar una especie de teatralización que saben dónde va a acabar".

Después de mantener junto a la portavoz adjunta de IU en el Parlamento, Elena Cortés, una reunión de algo más de una hora con el portavoz socialista en la Cámara, Mario Jiménez, y el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, Valero ha asegurado que no existe "ningún elemento que permita hablar de otra cosa que no sea un no rotundo mañana en la pretendida investidura de Díaz".

"No vamos a plantear una abstención siquiera a una formación política que ha hecho un discurso de investidura que planteaba un giro claro a la derecha", ha enfatizado el responsable de Organización de IU, que ha dicho que su formación ha acudido a la reunión "a escuchar" y ha escuchado "más de lo mismo".

Ha criticado que "en plena campaña de las elecciones municipales, cuando los partidos están lanzando propuestas a sus vecinos para cambiar sus ciudades, se monte esta especie de teatralización que saben dónde va a acabar" y ha denunciado "el proceso que está dirigiendo el PSOE utilizando esta institución para no se sabe qué rédito electoral" en dichos comicios.

El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha anunciado que su partido mantendrá el no a la investidura de Susana Díaz en la votación y ha afirmado que las novedades sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar pueden "complicar" este proceso.

En declaraciones a los periodistas tras reunirse con los representantes del PSOE en las negociaciones, Villegas ha subrayado que en dicho encuentro "se ha constatado que no ha habido ninguna novedad" sobre la firma del pacto anticorrupción que reclaman a los socialistas por lo que "el voto de Ciudadanos seguirá siendo no".

Villegas ha mostrado su "sorpresa" por que no se haya producido "ninguna novedad" y ha dicho no comprender muy bien "ni siquiera por qué se ha abierto una nueva ronda de contactos ni por qué se ha convocado el pleno de mañana", cuando "lo más normal" sería que el presidente del Parlamento convocara un pleno "cuando piense que ha habido una modificación de postura" por parte de los grupos.

Preguntado por si considera que el auto de una juez que afirma que el proceso de adjudicación de la mina de Aznalcóllar se realizó "sin el más mínimo rigor" puede complicar el proceso de investidura, el dirigente de Ciudadanos ha respondido que "sin duda sí" y que el Gobierno andaluz "de alguna forma tendrá que dar explicaciones sobre lo que se dice en ese auto".

Podemos Andalucía, que ya dijo este martes que votará no a la investidura, considera que es "intolerable" que la Junta de Andalucía "siga haciendo las cosas así", tras conocerse el auto de la juez de Instrucción número 3 de Sevilla que investiga las supuestas irregularidades en la concesión de la explotación a Magtel y que señala que en el procedimiento no se observa "el más mínimo rigor".

En un comunicado, el diputado de Podemos y vicesecretario tercero de la Mesa del Parlamento, Juan Ignacio Moreno Yagüe, ha defendido que mientras los directores generales y otros altos cargos "sigan siendo nombrados a dedo por su lealtad política y personal, en lugar de por sus méritos profesionales e independencia, seguirá proyectándose una sombra de opacidad, corrupción e incompetencia sobre la administración de Andalucía", como, a su juicio, "vuelve a ocurrir con la adjudicación de la mina de Aznalcóllar".

Para Podemos, Andalucía no puede permitirse una administración bajo sospecha permanente porque "es un lastre a la recuperación" y además "un insulto a miles de empleados públicos decentes que se dejan la piel por mantener unos servicios públicos muy castigados y llevan el sambenito de tener que obedecer a unos superiores políticos que no ayudan en absoluto".