El coruñés de 57 años de edad José P.C. asegura que lleva a cabo una huelga de hambre desde el pasado martes en protesta porque la justicia le ha denegado el régimen de invalidez total tras un accidente laboral que sufrió en 1996 y que le ha dejado secuelas físicas, además de estar a tratamiento psiquiátrico por un trastorno ansioso-depresivo.

Los análisis de la Xunta le reconocieron un grado de invalidez física del 66%, que le provoca que camine con dificultad ayudado por un bastón después de que se fracturase la pelvis en un accidente laboral hace ya una década. Además, José P.C. sigue un tratamiento psiquiátrico, pero sin embargo una sentencia de un juzgado de A Coruña considera que sus lesiones son compatibles con su trabajo de encargado de obra.

En declaraciones a Europa Press Televisión, José P.C. aseguró que su decisión de iniciar una huelga de hambre "no se trata de un chantaje a la justicia", sino que es una forma de protestar "por algo que es injusto". "Soy consciente de lo que estoy haciendo y estoy contento, cuando no lo estaba antes", añadió después de casi una semana de huelga de hambre, que según relató, le ocasiona ya los primeros mareos. Por ello, el abogado que lleva su causa presentó el pasado viernes en el juzgado de guardia de A Coruña un escrito en el que alertó de la posibilidad de que este hombre esté en peligro para que investigue su situación y tome las medidas oportunas. Al plantearle la posibilidad de un nuevo recurso, José P.C. responde: "y qué, espero tres años y cuando salga y viene denegado estamos en la misma". "Llevo diez años y ya hay muchas sentencias hechas", agregó.

Cuatro sentencias

En estos diez años, José P.C. presentó hasta cuatro veces en el juzgado la solicitud de revisión de su invalidez, pero otras tantas veces le fue denegada. Con fecha de 9 de mayo de 2007, el Juzgado de lo Social número 3 de A Coruña dictó la última sentencia sobre una nueva solicitud, denegándole, una vez más, la invalidez total. "No me esperaba eso de la Justicia", afirmó José P.C., quien confesó sentirse "muy decepcionado" porque no entiende cómo en su estado un juez puede interpretar que se encuentra en condiciones de poder trabajar en una obra de construcción.

En sus fundamentos de derecho, el juez reconoce que su estado ha empeorado pero "no en grado suficiente como para agravar el grado de invalidez" y considera que José P.C. "continúa pudiendo realizar las fundamentales tareas de su profesión de encargado". "La sentencia explica que puedo realizar el trabajo de encargado de obra, cuando ese señor -en alusión al juez- se cree que encargado de obra es estar sentado todo el día", afirmó José P.C., que agregó que ni siquiera podría estar sentado porque sus médicos le prescribieron que debe variar constantemente su posición para calmar los dolores que sufre.

Informes

Frente a la sentencia, un informe clínico del Hospital Juan Canalejo que examinó a este hombre afirma que, "ante el empeoramiento físico y psicológico que presenta en los últimos años", está "incapacitado" para trabajos que requieran el mínimo esfuerzo. El informe, fechado el 12 de diciembre de 2006, es decir, dos meses antes del juicio, califica su enfermedad de "crónica, degenerativa y sin posibilidad de tratamiento, salvo paliativo".

Otro informe, esta vez firmado por el psiquiatra que trata a José P.C., explica que se encuentra en tratamiento por "un síndrome ansioso-depresivo que se remonta a 1998" y que "la evolución del síndrome ha ido paralela a la de las secuelas del accidente", de forma que concluye que su desarrollo es "adverso, sin períodos en los que se pueda hablar de una mejoría". Este parte psiquiátrico está fechado el 24 de febrero de 2006, es decir un año antes del juicio. Por último, y con fecha de 28 de agosto de 2006, seis meses antes del juicio, la Xunta de Galicia, a través de su Delegación Provincial de Igualdade e do Benestar certifica un grado de minusvalía "física y psíquica" para José del 66% desde el 14 de marzo de 2006.

Accidente

El 27 de noviembre de 1996, José P.C. sufrió un accidente laboral en la obra donde realizaba tareas de encargado y se fracturó la pelvis, pero recibió el alta médica transcurrido poco más de un mes desde el siniestro, el 3 de enero de 1997. No obstante, un informe del servicio de traumatología del Hospital Juan Canalejo de A Coruña alertó de que este periodo resultaba "insuficiente" para la curación de José P.C., y advirtió de que la lesión dejaría secuelas tales como una dolorosa artritis de cadera, tendinitis, acortamiento de la pierna izquierda y dificultad para caminar.

Además, en noviembre de 2005, sufrió una caída que le provocó "deformidad y limitación de movilidad en una mano", según explica en su informe clínico el traumatólogo que lo atendió. Después del accidente, el trabajador percibió durante un tiempo una pensión por invalidez parcial, aunque en la actualidad sólo recibe una pensión de 300 euros, ingresos que asegura que no le llegan para vivir, por lo que a veces se ve en la obligación de recurrir a conocidos para que el presten dinero.