El Tribunal Supremo ha establecido la jurisdicción de los tribunales españoles para seguir adelante con la investigación en la Audiencia Nacional del asesinato del jesuita Ignacio Ellacuría y otras siete personas el 16 de noviembre de 1989 en El Salvador a manos del ejército durante el conflicto entre este y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLM) "que asoló" el país centroamericano desde los años 80.

Así, señala que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco debe continuar conociendo los hechos porque, de un lado, alguna de las víctimas tenía la nacionalidad española, además de la salvadoreña, y de otro hay "indicios suficientes" de que el proceso penal desarrollado en su día en dicho país no garantizó la persecución y el castigo efectivo de sus responsables.

La resolución acoge la tesis de la  fiscal del Tribunal Supremo Pilar Martín Nájera, quien en un escrito presentado a finales del pasado mes de diciembre señalaba igualmente  que faltó imparcialidad en la tramitación de la causa en el país donde sucedieron los hechos.

La decisión del alto tribunal avala la investigación de este asunto pese a la reforma de la justicia universal que limita este tipo de investigaciones.